La Ley de Plásticos de un Solo Uso (PUSU), impulsada para disminuir la generación de residuos y fortalecer la protección del medio ambiente, comenzó este viernes una nueva etapa en su implementación, en medio de cuestionamientos y preocupaciones por parte de distintos gremios del comercio respecto a su correcta aplicación.
La normativa regula la entrega de artículos plásticos desechables y el uso de botellas, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y promover alternativas más sustentables. Entre sus principales disposiciones, se establece que productos como cubiertos, vasos, bombillas y palillos de un solo uso deben ser fabricados con materiales biodegradables certificados.
En el caso del consumo dentro de los establecimientos, estos artículos solo podrán ser entregados cuando el cliente los solicite expresamente. Para el consumo fuera del local, en tanto, se autoriza el uso de plásticos desechables no valorizados o certificados.
Otra de las medidas que ha generado debate es la obligación para los supermercados de destinar al menos un 30% de sus vitrinas a la exhibición de bebidas en envases retornables.
Desde el Ejecutivo, el ministro subrogante del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, aseguró que tanto la ley como su reglamento contienen definiciones claras que permiten una correcta fiscalización. No obstante, representantes del comercio han expresado inquietud por la falta de precisión en algunos conceptos.
La Cámara de Comercio de Santiago advirtió que la normativa no establece con claridad qué se entiende por “vitrina” ni otros criterios relevantes, lo que podría dar pie a interpretaciones dispares y eventuales fiscalizaciones arbitrarias, afectando el normal funcionamiento de los locales.
En la misma línea, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picallo, criticó la demora en la publicación del reglamento y la existencia de ambigüedades en su redacción, lo que, a su juicio, genera incertidumbre entre los actores regulados.
Asimismo, el dirigente planteó reparos sobre algunos impactos ambientales indirectos de la medida, señalando que el uso de elementos reutilizables podría implicar un mayor consumo de agua y energía.
Frente a este escenario, la Cámara de Comercio de Santiago solicitó a la Contraloría General de la República un pronunciamiento que permita aclarar la interpretación de la normativa y otorgar mayor certeza jurídica y operativa al sector.
Cabe recordar que la Ley PUSU, aprobada en 2021, contempla una implementación gradual con el fin de facilitar la adaptación de los distintos actores involucrados, proceso que aún enfrenta desafíos en su puesta en marcha.
