La Contraloría General de la República de Chile emitió el pasado 27 de marzo un nuevo instructivo dirigido a todas las ministras y ministros del gobierno encabezado por el Presidente José Antonio Kast, con el objetivo de reforzar las normas de probidad, transparencia y control en el ejercicio de sus funciones públicas.
El documento, identificado como IN14/2026 y firmado por la contralora Dorothy Pérez, recuerda a las autoridades la obligación de actuar siempre con apego a la legalidad, priorizando el interés público por sobre el particular y manteniendo una conducta intachable durante el desempeño de sus cargos.
Conflictos de interés y deber de abstención
Uno de los aspectos centrales del instructivo es el deber de abstención. Según se detalla, los ministros no deberán intervenir en decisiones o procesos cuando exista algún conflicto de interés, incluso si este es solo potencial. Desde el organismo advirtieron que la reiteración de este tipo de situaciones podría afectar el correcto ejercicio del cargo e incluso generar cuestionamientos a la designación de la autoridad involucrada.
Declaración de intereses y patrimonio
El instructivo también establece obligaciones en torno a la Declaración de Intereses y Patrimonio. Las autoridades deberán presentarla dentro de los 30 días posteriores a asumir el cargo y actualizarla anualmente durante el mes de marzo.
La Contraloría indicó que fiscalizará la oportunidad, integridad y veracidad de estas declaraciones, señalando que el incumplimiento de esta obligación podría derivar en sanciones, como multas e incluso la destitución en casos graves o reiterados.
Administración de bienes y activos
En materia patrimonial, el documento instruye que las autoridades deberán delegar la administración de sus inversiones o desprenderse de ciertos bienes cuando exista riesgo de conflicto de interés. Entre las medidas se incluye traspasar la gestión de activos financieros a terceros o vender participaciones en empresas que mantengan vínculos con el Estado, ya sea como proveedoras, concesionarias o entidades reguladas por el ministerio correspondiente.
Lobby, agenda pública y prescindencia política
El instructivo también refuerza el cumplimiento de la Ley de Lobby. En ese marco, se establece la obligación de mantener actualizados los registros de agenda pública, incluyendo reuniones, audiencias, viajes oficiales y donativos, los cuales deberán ser publicados mensualmente.
Asimismo, se reiteró la exigencia de prescindencia política, prohibiendo la realización de actividades contingentes en dependencias públicas o utilizando recursos del Estado.
Exámenes de drogas y fiscalización
Entre las disposiciones destacadas se encuentra la obligación de someterse periódicamente a exámenes de detección de consumo de drogas, cuyos resultados deberán hacerse públicos.
Finalmente, la Contraloría enfatizó que todas estas medidas deberán cumplirse estrictamente, advirtiendo que su aplicación será fiscalizada conforme a las atribuciones legales del organismo.
