El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por una serie de presuntas irregularidades detectadas en el proceso de reconstrucción de viviendas en el sector El Olivar, en Viña del Mar, zona afectada por el devastador incendio de febrero de 2024.
La acción judicial, encabezada por el ministro Iván Poduje, apunta a eventuales delitos vinculados a la ejecución del proyecto habitacional, en el que participa la empresa Constructora San Sebastián junto a otras entidades, todas involucradas en iniciativas financiadas con subsidios estatales.
Uno de los aspectos más críticos expuestos en la denuncia dice relación con el uso del sistema constructivo “Fast Work”, el cual, según informes técnicos, habría sido aplicado en condiciones distintas a las autorizadas. En particular, el método —aprobado únicamente para viviendas de un piso— se habría utilizado en edificaciones de dos niveles, lo que podría implicar un uso indebido de certificaciones y eventuales riesgos estructurales.
Desde el ministerio advirtieron que esta situación no solo podría constituir un engaño hacia las familias beneficiarias, sino también al Estado, considerando que se trataría de obras ejecutadas con recursos públicos. En esa línea, se levantaron alertas sobre el comportamiento sísmico de las viviendas, especialmente por deficiencias en la rigidez estructural, uso de materiales no certificados y sistemas constructivos considerados insuficientes para una zona de alta actividad sísmica como la región de Valparaíso.
A lo anterior se suman observaciones por posibles fallas en la resistencia al fuego y deficiencias en el aislamiento acústico, lo que podría significar incumplimientos a la normativa vigente.
En paralelo, familias damnificadas denunciaron modificaciones unilaterales en los materiales comprometidos originalmente, así como presuntas presiones económicas para evitar cambios de entidad patrocinante, incluyendo advertencias de cobros que afectarían directamente los subsidios habitacionales.
El Minvu sostiene que estos antecedentes podrían configurar delitos como estafa agravada, fraude al fisco, uso indebido de certificaciones, coacción e incluso tráfico de influencias. El documento también advierte que los contratos asociados al proyecto superan las 709 mil UF en recursos públicos comprometidos.
Con estos antecedentes, será ahora el Ministerio Público el encargado de llevar adelante la investigación y determinar eventuales responsabilidades en un caso que afecta directamente a familias que perdieron sus viviendas en una de las emergencias más graves registradas recientemente en la zona.
