Ministra de Educación defiende cobro a morosos del CAE: “Es importante hacer cumplir la ley”
La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó la polémica generada por la retención de fondos desde cuentas bancarias de personas con deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), medida que en los últimos días ha provocado múltiples reclamos de afectados.
La secretaria de Estado señaló que el objetivo del proceso es garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por quienes accedieron al beneficio estudiantil, enfatizando que el Gobierno busca evitar llegar a instancias judiciales o de cobro forzoso.
Durante una entrevista televisiva, Arzola sostuvo que en años anteriores se generó una expectativa de condonación de la deuda, situación que, a su juicio, incentivó que numerosos beneficiarios dejaran de cumplir con los pagos correspondientes.
La ministra explicó que los altos niveles de morosidad han puesto en riesgo la sostenibilidad del sistema de financiamiento para la educación superior, afectando recursos que podrían destinarse a becas, ayudas estudiantiles y otras políticas públicas del sector.
Asimismo, indicó que antes de ejecutar medidas de cobro existen diversas instancias para que los deudores regularicen su situación mediante convenios de pago y otros mecanismos disponibles. En ese sentido, hizo un llamado a quienes mantienen obligaciones pendientes a acercarse a las instituciones correspondientes para evitar sanciones mayores.
Arzola también detalló que el proceso de recuperación de deuda se ha enfocado inicialmente en personas con mayores ingresos y que posteriormente se ha extendido a otros grupos, siguiendo criterios definidos por las autoridades competentes.
La titular de Educación insistió en que el cumplimiento de los compromisos financieros asociados al CAE resulta fundamental para garantizar la continuidad de los programas de apoyo estudiantil y el financiamiento de futuras generaciones que requieran acceder a la educación superior.
Finalmente, reiteró que el Gobierno continuará impulsando mecanismos para recuperar los recursos adeudados, subrayando que el propósito es resguardar fondos públicos que permiten sostener diversas iniciativas educacionales en el país.
