Contraloría detecta graves irregularidades en el Censo 2024: censistas con antecedentes penales y múltiples fallas en contrataciones
Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Censo de Población y Vivienda 2024 reveló una serie de irregularidades en la gestión del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), incluyendo la contratación de personas con antecedentes penales para desempeñarse como censistas, además de fallas en los procesos de selección, control y supervisión del operativo.
El Informe Final N° 194, fechado en marzo de 2026, expone que al menos 16 personas con condenas por delitos como estafa, robo, hurto, tráfico de drogas, lesiones y violencia intrafamiliar fueron contratadas a honorarios por el INE y participaron activamente en el levantamiento de información del Censo 2024.
La situación adquiere especial relevancia debido a que los censistas tuvieron acceso directo a los hogares de miles de familias a lo largo del país, siendo responsables de recopilar información de los residentes mediante visitas presenciales.
Certificados inconsistentes y falta de controles
La investigación determinó que en seis de los casos detectados existían certificados de antecedentes que indicaban que los postulantes no registraban condenas. Sin embargo, al contrastar esa información con los registros oficiales del Servicio de Registro Civil e Identificación, se comprobó que sí mantenían antecedentes penales vigentes al momento de su contratación.
Asimismo, Contraloría detectó otros casos en que los certificados no estaban disponibles en los archivos del proyecto o las carpetas de postulación se encontraban incompletas, impidiendo verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.
De los 16 casos observados, once correspondieron a contrataciones realizadas directamente por el INE, mientras que los restantes fueron gestionados por empresas externas encargadas del proceso de reclutamiento.
INE reconoció falencias
Durante la auditoría, el INE admitió diversas deficiencias en la documentación y revisión de antecedentes de los postulantes, argumentando que el volumen de contrataciones requerido para el Censo dificultó el control exhaustivo de cada caso.
No obstante, la Contraloría rechazó los descargos presentados y mantuvo las observaciones, señalando que las medidas correctivas propuestas por el organismo estadístico aún no se encontraban implementadas y que las irregularidades detectadas no podían ser subsanadas de manera retroactiva.
Extranjeros sin autorización y falta de acreditaciones
El informe también reveló otras falencias en el proceso de contratación. Entre ellas, la incorporación de 14 ciudadanos extranjeros que no contaban con residencia vigente o autorización para trabajar en Chile.
Además, se detectó que decenas de personas contratadas para cargos de coordinación no acreditaron los requisitos educacionales exigidos para desempeñar sus funciones, mientras que cientos de trabajadores carecían de documentación básica que respaldara su postulación.
La auditoría también estableció que el sistema de control aplicado por el INE se basó principalmente en revisiones aleatorias, sin verificar de manera individual la totalidad de los antecedentes entregados por las empresas contratistas.
Contraloría ordena sumario
Frente a la gravedad de los hechos, la Contraloría instruyó al INE iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas y adoptar medidas correctivas.
Asimismo, el informe señala que otros hallazgos detectados durante la auditoría fueron derivados al Ministerio Público para evaluar posibles responsabilidades penales, entre ellos situaciones vinculadas a conflictos de interés en procesos licitatorios y contrataciones de personas que mantenían simultáneamente funciones en otros organismos públicos sin declararlo.
Millonarias multas no cobradas
La auditoría también concluyó que el INE no aplicó sanciones económicas a empresas contratistas pese a los incumplimientos detectados durante el proceso de reclutamiento.
Según el organismo fiscalizador, las multas que no fueron cobradas ascienden a 3.360 UF, equivalentes a más de 131 millones de pesos, relacionadas con irregularidades en antecedentes penales, contrataciones de extranjeros sin autorización laboral, incumplimientos de requisitos educacionales y falta de documentación de respaldo.
