Por Konny Ruiz
La abogada Camila Cáceres, exdirectora jurídica de la Municipalidad de Villa Alemana, negó haber presentado su renuncia al cargo y aseguró que su salida del municipio se produjo mediante un decreto alcaldicio que declaró vacante su función, luego de la difusión de información falsa en redes sociales que cuestionó su idoneidad como funcionaria pública. Meses después, la Contraloría General de la República concluyó que no existió ilegalidad ni incompatibilidad en su actuación.
Cáceres ingresó a la Municipalidad de Villa Alemana el 6 de diciembre de 2024, coincidiendo con el inicio de la actual administración comunal. Según su relato, durante los meses siguientes su desempeño fue evaluado positivamente y el Departamento Jurídico funcionó con normalidad, cumpliendo plazos y sin observaciones por parte de los funcionarios ni de la autoridad.
El origen de la controversia
La situación cambió el 9 de julio, cuando comenzó a circular en Facebook una publicación anónima que cuestionaba la legalidad de su nombramiento, señalando que en el pasado había ejercido como abogada defensora en causas vinculadas a la Ley 20.000, conocida como Ley de Drogas. La publicación insinuaba que dicha experiencia podría ser incompatible con el ejercicio de un cargo público, generando una serie de cuestionamientos en redes sociales.
Al día siguiente, el 10 de julio, Cáceres fue citada a dependencias municipales, donde, según su testimonio, se le sugirió presentar la renuncia. La abogada rechazó esa alternativa, indicando que no existía ninguna inhabilidad legal que le impidiera ejercer el cargo, y decidió hacer uso de días de permiso administrativo mientras se aclaraba la situación.
En ese contexto, envió una carta tanto al alcalde como al concejo municipal, explicando los antecedentes y señalando que, una vez finalizado su permiso, evaluaría poner su cargo a disposición. Sin embargo, durante una sesión del concejo realizada el 11 de julio, el alcalde señaló públicamente que ella había renunciado al cargo, versión que, según Cáceres, no es efectiva.
“Eso no es cierto. Yo nunca renuncié”, afirma.
Decreto de salida y versión pública
Mientras aún se encontraba haciendo uso de su permiso administrativo, el 29 de julio se dictó un decreto alcaldicio que declaró vacante su función, invocando las facultades del alcalde por tratarse de un cargo de confianza, sin instruir un sumario administrativo ni expresar una causa específica.
De acuerdo con Cáceres, la afirmación pública de que había renunciado contribuyó a instalar la idea de que existía algún tipo de falta o responsabilidad de su parte, lo que —señala— no solo no era efectivo, sino que amplificó el impacto de la publicación original en redes sociales.
Pronunciamiento de Contraloría
A raíz de la controversia y del debate público generado, se ingresó una consulta ante la Contraloría General de la República para determinar si era compatible el ejercicio del cargo municipal con la defensa previa de causas vinculadas a la Ley 20.000, tanto desde el punto de vista legal como ético.
El pronunciamiento del órgano contralor, emitido el 22 de diciembre, estableció que Camila Cáceres había renunciado a todas sus causas antes de asumir funciones en la municipalidad, descartando cualquier incompatibilidad legal o reproche ético.
Asimismo, la Contraloría consignó que en una causa que aún figuraba en el sistema, la abogada solo había concurrido a una audiencia en el año 2022 en representación delegada de otro profesional, sin llevar la defensa ni mantener participación posterior.
El informe también señala que la municipalidad no debió haber separado del cargo a la funcionaria sin instruir previamente un sumario administrativo, precisando que ese era el procedimiento que correspondía aplicar.
Amenazas y efectos personales
Tras la difusión de la publicación en redes sociales y de la versión sobre una supuesta renuncia, Cáceres afirma haber sido objeto de amenazas e injurias en distintas plataformas, recibiendo mensajes con alusiones a agresiones físicas, ataques a su vivienda e imputaciones falsas sobre su actuar profesional.
Según su relato, la situación tuvo consecuencias directas en su salud mental y en su ejercicio laboral, obligándola a iniciar terapia y tratamiento médico, además de dificultar la reanudación de su trabajo como abogada particular, luego de haber dejado su cartera de clientes para asumir el cargo municipal.
Actualmente, la exdirectora jurídica mantiene una demanda contra la Municipalidad de Villa Alemana. En paralelo, existen investigaciones por amenazas e injurias que fueron derivadas a la Brigada del Cibercrimen de la PDI, con el objetivo de identificar el origen de la publicación anónima que dio inicio a la controversia.
Llamado a la responsabilidad
Finalmente, Cáceres señaló que se encuentra tranquila respecto de su actuación durante el tiempo que ejerció el cargo, pero lamentó el impacto que tuvo la difusión de información no verificada y la instalación de una versión errónea sobre su salida del municipio.
“Detrás de cada persona hay familias. El daño que se puede causar es enorme. Lo que yo viví no se lo doy a nadie”, concluyó.
