Posible nueva acusación constitucional contra ministra del Interior Carolina Tohá por el caso Monsalve
Las bancadas de oposición, incluidas Demócratas y Evópoli, están considerando presentar una nueva acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el contexto de las controversias que rodean el caso Monsalve. Este seguimiento se da tras la reciente polémica sobre un llamado que Tohá realizó al exsubsecretario de Interior la noche del 15 de octubre.
Eric Aedo, diputado de la DC, expresó su descontento con la explicación de Tohá, señalando que no quedó satisfecho con la información brindada sobre el motivo del contacto. “La ministra no me satisface para nada”, afirmó Aedo, quien considera que la responsabilidad política recae sobre Tohá, ya que está a cargo de la Subsecretaría.
La ministra, por su parte, defendió su accionar, asegurando que su llamada se realizó a solicitud de la Policía de Investigaciones (PDI) para coordinar la presencia de Monsalve en el hotel, en relación con diligencias de la Fiscalía.
Cabe recordar que la última acusación constitucional contra Tohá, que fue rechazada hace apenas dos semanas, se centró en la crisis de seguridad y el manejo de la inmigración ilegal en Chile. Sin embargo, ante la nueva situación, las posturas dentro de la oposición han cambiado, y ahora están dispuestos a respaldar una nueva acción legal.
Joanna Pérez, diputada de Demócratas, advirtió que el Gobierno está en riesgo de enfrentar otra acusación constitucional si no se abordan los problemas en cuestión. “Le he pedido a las distintas oposiciones que nos articulemos y lo vamos a hacer”, afirmó.
Las críticas hacia el accionar de Tohá han surgido desde diferentes sectores. Jorge Guzmán, de Evópoli, indicó que han discutido la situación con Chile Vamos y están listos para respaldar acciones si se presentan evidencias suficientes. Asimismo, la diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada de Renovación Nacional, sugirió que la oposición podría verse obligada a recurrir a herramientas constitucionales para abordar el tema, incluyendo interpelaciones y acusaciones constitucionales.
Las críticas también se han dirigido al director de la PDI por su actuación, con llamados a investigar el fundamento legal de su decisión de comunicar información sensible.
