En medio de la creciente preocupación de los habitantes de Colliguay por las actividades mineras que se desarrollan a solo 1.5 kilómetros de la zona poblada, los diputados Diego Ibáñez y María Francisca Bello, junto a la Consejera Regional María Elena Rubilar y la Concejala de Quilpué Paula Castro, oficiaron a la Municipalidad de Quilpué y a la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso. Este llamado busca garantizar el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y verificar si las faenas cuentan con los permisos necesarios de la Dirección de Obras Municipales (DOM).
La solicitud, enviada el 15 de enero de 2025, se fundamenta en el artículo 116 del DFL 458, que establece que cualquier obra de construcción o alteración de edificaciones requiere permisos otorgados por la DOM. Los proyectos mineros Mina Colliguay Carmelita y Planta Carmelita Colliguay, aprobados por el SERNAGEOMIN en 2024, incluyen instalaciones auxiliares como oficinas y comedores, que según la normativa, deben contar con autorización municipal.
En relación con el oficio, el diputado Diego Ibáñez declaró que han solicitado a la Municipalidad de Quilpué que informe sobre los permisos solicitados y aprobados para estas obras, y que proceda a la paralización de las mismas si no cumplen con la normativa. Además, señaló que han pedido a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo que fiscalice si estas obras cumplen con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, enfatizando la necesidad de transparencia y cumplimiento de la normativa para proteger a las comunidades y al medio ambiente.
Por su parte, la diputada María Francisca Bello enfatizó que es inaceptable que actividades de alto impacto como estas avancen sin un control adecuado. Subrayó que lo que está en juego es el bienestar de las familias de Colliguay, el equilibrio ambiental y el respeto por la normativa vigente, destacando que su prioridad es velar por la seguridad de las comunidades y evitar que estos proyectos mineros pasen por alto regulaciones esenciales.
El oficio solicita a la Municipalidad de Quilpué que informe si los proyectos mineros han solicitado y obtenido los permisos necesarios de la Dirección de Obras Municipales y que, en caso de no contar con estos, se realicen fiscalizaciones y se proceda a la paralización de las obras. Además, se pide que se comunique a las autoridades todas las medidas que se adoptarán respecto a este caso.
Asimismo, se exige a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso que realice una fiscalización detallada para determinar si las actividades mineras cumplen con la Ley General de Urbanismo y Construcciones.