Firmas Falsas: Investigación Revela Fraude en Patrocinios a Expresidenciable Diego Ancalao
La Fiscalía Metropolitana Norte ha avanzado en la investigación sobre el fraude en los patrocinios a favor del excandidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao. La denuncia, presentada en 2021 por el Servicio Electoral (Servel), apunta a más de 23 mil patrocinios fraudulentos.
El Ministerio Público ha recopilado pruebas que involucran a al menos 10 personas en posibles delitos de usurpación de identidad e infracción a la ley sobre votaciones. Se ha identificado firmas falsas de jueces, diputados, alcaldes y fiscales en la campaña de Ancalao.
Las investigaciones se centran en el proceso de obtención y validación de los patrocinios ante notario. Se descubrió que algunas de las firmas pertenecen a personas que negaron haber suscrito apoyos para la campaña de Ancalao. Entre las declaraciones recopiladas, destacan testimonios de más de 600 personas que rechazan haber participado en este proceso.
Una testigo bajo reserva declaró que no tenía ningún vínculo con el excandidato y que era la primera vez que escuchaba su nombre. Se le presentó un patrocinio electoral con sus datos, pero ella señaló que no realizó ningún trámite notarial en esa dirección. Finalmente, decidió presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público.
En el desarrollo de la investigación, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó los domicilios de los presuntos responsables del llenado de las fichas con los patrocinios fraudulentos. Se sospecha que se utilizaron timbres falsos en el proceso.
La investigación también se enfoca en el círculo cercano de Diego Ancalao, incluyendo a su exjefa de campaña, Denisse Olivares, y a su esposa, Nataly Vega. Además, se revisa el papel de Gonzalo López, quien habría conseguido los timbres para las falsificaciones, y Fabián Olivares, hermano de la jefa de campaña.
Diego Ancalao ya se encuentra en prisión preventiva desde agosto, luego de ser formalizado por el caso de convenios en la Región de Los Lagos. En este caso, se investiga su supuesta participación en el uso indebido de fondos públicos asignados a la Corporación Kimün, que ascienden a cerca de 900 millones de pesos.