Gobierno Regional entrega 38 vehículos a la PDI para reforzar combate al crimen organizado y control migratorio en Valparaíso
En una ceremonia realizada este martes en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, el Gobierno Regional hizo entrega oficial de 38 nuevos vehículos a la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una histórica inversión que supera los $1.546 millones. El objetivo principal es fortalecer las labores contra delitos de alta complejidad, narcotráfico y mejorar el control migratorio en toda la región.
El gobernador Rodrigo Mundaca encabezó la actividad y valoró la entrega como un hito en materia de seguridad pública. “Cuando nos preguntan qué hace el Gobierno Regional, respondemos con hechos concretos: infraestructura, vehículos, espacios públicos recuperados. Hoy, estos 38 vehículos refuerzan esa línea de trabajo con una clara política de seguridad”, señaló.
La flota incluye 16 hatchbacks, 11 camionetas 4×4 y 11 SUV, los que serán distribuidos entre distintas unidades de las prefecturas de Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, Los Andes y otras comunas de la Región Policial de Valparaíso. Según detalló el prefecto inspector Guillermo Gálvez, jefe regional de la PDI, esta entrega permitirá renovar parte importante del parque vehicular y mejorar la capacidad de reacción frente a hechos delictivos complejos.
“Estos recursos permitirán potenciar nuestras capacidades operativas frente al crimen organizado y delitos asociados, incluyendo el control migratorio, una de las áreas prioritarias en nuestra labor”, afirmó Gálvez.
El proyecto, denominado “Adquisición de vehículos para el trabajo especializado de la PDI contra el crimen organizado y control migratorio”, fue financiado con recursos del Gobierno Regional, con respaldo del Consejo Regional (CORE), y forma parte de una serie de iniciativas que buscan fortalecer la seguridad en la región. Parte de este plan ya había sido anunciado en la reciente inauguración del nuevo cuartel de la PDI en Los Andes.
A la ceremonia asistieron autoridades regionales, representantes del Congreso, jefaturas policiales y miembros de la sociedad civil, quienes valoraron la inversión como una señal concreta de compromiso con la seguridad ciudadana.
