La Policía de Investigaciones de Chile, a través de su Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (BRIAC), remitió a la Fiscalía Regional de Coquimbo un extenso informe policial que apunta a eventuales irregularidades en gestiones realizadas por la senadora Karol Cariola cuando ejercía como diputada.
El documento, de 94 páginas y acompañado de más de 60 anexos, concluye que las acciones de la parlamentaria ante la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para gestionar la renovación de patentes de alcohol del local comercial Chinamart, presentan elementos que podrían ser constitutivos del delito de tráfico de influencias.
Según la investigación, los hechos se remontan a enero de 2022, cuando el Concejo Municipal de Santiago ya había rechazado la renovación de dichas patentes. No obstante, el informe sostiene que, tras una serie de mensajes y gestiones impulsadas por la entonces diputada, se habrían generado acciones administrativas calificadas como “excepcionales”, orientadas a reactivar un proceso que ya contaba con una resolución desfavorable.
La PDI detalla que estas intervenciones incluyeron solicitudes directas a la autoridad comunal y la activación de funcionarios municipales para revisar antecedentes y explorar alternativas que permitieran revertir la decisión. En ese contexto, se menciona la participación de un funcionario que habría actuado por instrucción directa de la alcaldesa, a partir de requerimientos vinculados a la parlamentaria.
El informe también consigna que el empresario involucrado, junto a otro imputado en la causa, optaron por guardar silencio durante las diligencias, mientras que la defensa de la senadora cuestionó las conclusiones del documento, asegurando que no establecen de manera categórica la existencia de un delito.
Los antecedentes ya se encuentran en manos del Ministerio Público, que deberá evaluar los próximos pasos en la investigación y determinar eventuales acciones judiciales en el caso.
