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La turbulenta instalación de Gabriel Boric: Revisa Cómo fue su desempeño comparado con Bachelet y Piñera

Rodaje, instalación, gaffe. Todas estas palabras son parte de uno de los procesos más complejos que marcan el inicio de los gobiernos, pues durante los dos primeros meses, se deben seleccionar a los mejores cuadros que no siempre resultan aptos para los cargos designados.

Además, se deben priorizar proyectos de ley o reformas que no siempre cuentan con el respaldo de la población. Y lo más difícil es que durante ese tiempo -en que el olor a victoria aún rodea a los presidentes-, sus gobiernos deben conformar un relato para mantener la esquiva adhesión ciudadana que, a medida que pasa el tiempo, sufre un descenso en la mayoría de las administraciones, con turbulencias que hasta a los más hábiles pilotos le son difícil de controlar.

En la segunda semana de mayo de 2014, Michelle Bachelet (que se impuso en la segunda vuelta de diciembre de 2013 con un 62%) registraba un 49% de aprobación y un 32% de desaprobación, según la encuesta Cadem. Números similares a los de Sebastián Piñera (que ganó el balotaje con un 54%) y que en mayo de 2018 mantenía un 54% de aprobación y un 30% de desaprobación.

El contraste es grande con el actual Presidente, Gabriel Boric, (que se impuso con el 55%), pues luego de 8 semanas de asumir, la aprobación alcanzó sólo un 38% y la desaprobación se alzó a un 53%. Para darle perspectiva a los números: Bachelet se demoró 38 semanas en llegar a ese nivel de desaprobación y Piñera, 50 semanas.

Mega Investiga revisó las primeras semanas de los últimos tres gobiernos -Piñera, Bachelet y Boric- con sus tropiezos, aciertos, proyectos de ley, renuncia de autoridades e interpelaciones de ministros. Acá, los principales datos con los que podrá evaluar cómo le fue a cada uno en la compleja instalación en La Moneda. La de Boric es la única que coincide con la redacción de una nueva Constitución que será plebiscitada el 4 de septiembre y que marcará, sin duda, el devenir del gobierno del frenteamplismo.

La salida de Millaleo y el fin del diseño “buenista” en Interior

La renuncia a fines de abril que augura la reformulación del equipo original de la ministra del Interior, Izkia Siches, fue la del abogado Salvador Millaleo. Él ejercía como coordinador estratégico en asuntos indígenas del ministerio del Interior y su rol de asesor comenzó a deslucirse el mismo 15 de marzo, tras el fallido viaje a Temucuicui de la jefa de gabinete.

Y aunque su nombre sonó como uno de los responsables de la visita a La Araucanía, él no realizó la avanzada a la zona, ni tampoco habría estado de acuerdo con ese viaje, según una nota del DF. De hecho, se afirma que Temucuicui era un destino que no aparecía en el itinerario oficial, siendo sumado después por el equipo de avanzada, que desestimó el peligro que significaba ingresar hasta esa zona, donde ni siquiera las policías logran internarse.

Este traspié marcó, sin duda, a la ministra Siches, debilitándola como jefe de gabinete y dejando atrás un diseño que ella quiso instaurar desde un comienzo. La idea era que los asuntos indígenas no dependieran del ministerio de Desarrollo Social, sino de Interior, alejándose así del aspecto enfocado en la seguridad que las antiguas administraciones implementaron junto con la presentación de querellas por quemas de camiones y atentados incendiarios.

Lo cierto es que el frustrado viaje eclipsó la primera semana del gobierno en La Moneda e hizo perder el liderazgo que la ministra del Interior mantenía entre la ciudadanía. En la última encuesta Cadem, la aprobación de la ministra del Interior cayó 12 puntos a un 33%, y su desaprobación aumentó 13 puntos alcanzando el 63%.

Pero ese no fue el único traspié sufrido por Siches. El 6 de abril en el Congreso, la ministra entregó una versión equivocada a los diputados respecto de un avión de deportación con venezolanos que habrían sido devueltos a Chile en la administración de Pïñera. A las horas, lo que ella calificó como una “chambonada”, debió ser desmentido por la propia ministra en un tuit.

Al día siguiente, el gobierno lanzaba el plan “Chile apoya”, un paquete de 21 medidas para paliar los efectos de la crisis económicas, pero la prensa se centró principalmente en seguir esta polémica en vez de cubrir las actividades que habían sido diseñadas por los ministros Camila Vallejo y Mario Marcel en torno a la cobertura del plan económico.

El tirón de orejas no se hizo esperar de parte del Presidente, quien le pidió mayor rigurosidad. Y aunque la respaldó públicamente, la dejó en una situación compleja que para algunos analistas, como Marco Moreno, hace “muy difícil que la ministra Siches pueda llegar al 4 de septiembre, cuando se plebiscite la Constitución, y que sería la fecha en la que debería haber un ajuste de gabinete”.

En conversación con Mega Investiga, el politólogo indicó que “es complejo encontrar al o a la reemplazante de Siches, quien es independiente, pues ni Vallejo ni Giorgio Jackson quieren tomar un fierro caliente como es Interior” y lo difícil es mantener los equilibrios políticos en el gabinete. “Poner al ministro de Vivienda, Carlos Montes, rompería los equilibrios, pues en el comité político también está Mario Marcel, que representa al PS”, advirtió Moreno.

Nombramientos, caídas y el complejo puzzle en la Macro Zona Sur

Gabriel Boric tuvo dificultades con las designaciones y el 22 de febrero, la primera “baja” fue la del subsecretario de Obras Públicas, Alfredo Gutiérrez, quien renunció debido a una querella por prevaricación administrativa.

Si se desagregan los desaciertos en las nominaciones de los tres gobiernos, el de Boric no resulta el peor evaluado, ni cuantitativa y cualtivamente.Y aunque antes de asumir hubo cuestionamientos a los ministros de Agricultura, Esteban Valenzuela, por una causa penal en la que aparece como imputado por el delito de violación de morada; y a la titular del Deporte, Alexandra Benado, por acusaciones de abuso laboral en Londres 38, las denuncias no pasaron a mayores y ambos continúan en sus carteras.

Lo que sí concitó atención a nivel de delegados presidenciales fue la designación en la Macro Zona Sur. El 3 de marzo renunció Silvia Prieto, de Arauco por “problemas de salud”. Por esa misma razón lo hizo su reemplazo Javier Ponce Molina. Y el 23 de abril fue designado el PS Humberto Toro. El 6 de marzo dimitió Sergio Pinilla como delegado presidencial del Biobío, luego de que se viralizaran tweets machistas. Y fue reemplazado por Paulina Purrán.

El interés periodístico estuvo centrado en cómo el gobierno armaría el complejo puzzle de las nuevas autoridades en una zona caliente y donde hasta ahora ha sido el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el encargado del gobierno y principal vocero frente al incremento de la violencia rural.

Bachelet y la “baja” de cuatro subsecretarios

A sólo una semana de asumir Bachelet, el entonces vocero Álvaro Elizalde calificó como “problemas de instalación” la renuncia de cuatro gobernadores, que la prensa cubrió extensamente. Claudia Placencio, de Chiloé, dimitió luego de que trascendiera que figuraba en los registros de protección social como indigente; el gobernador de Ñuble, Cristián Fernández, renunció por irregularidades financieras cuando era alcalde en la localidad de San Fabián de Alico; el de Santiago, Salvador Delgadillo, por mal uso de recursos públicos cuando fue alcalde de Tiltil; y el gobernador de Antofagasta, Hernán Vargas, por cobrar una pensión destinada a las víctimas del régimen militar, sin haber sido preso político.

Pero antes, el 24 de febrero, Bachelet ya había aceptado la renuncia de cuatro subsecretarios que generaron muchos titulares y un gran cuestionamiento al proceso de selección..

Los primeros tres en caer fueron Miguel Moreno, de Bienes Nacionales, tras conocerse que en 2011 fue acusado de manosear a una mujer en el metro de Santiago; Hugo Lara, de Agricultura, por haber sido querellado por estafa;y Claudia Peirano, de Educación, por sus declaraciones contra la gratuidad universal.

La cuarta baja en el elenco de subsecretarios fue la de Carolina Echeverría, de Fuerzas Armadas, quien se fue el 8 de marzo por un supuesto pago de coimas en la tramitación de las concesiones marítimas mientras era subsecretaria de Marina en 2008, y porque su padre había sido implicado en violaciones a los Derechos Humanos.

La fallida designación de Piñera en la embajada de Argentina

En el gobierno de Piñera, una semana después de haber asumido como gobernador de Biobío, José Miguel Stegmeier, debió renunciar por ser uno de los socios de las empresas en la red financiera del exlíder de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, a través de las que sacaban dineros en forma ilegal de Chile, según consignó Ciper.

Esa dimisión se suma a la de 13 seremis que no pudieron asumir o renunciaron a sus cargos a los pocos días de haber partido el gobierno. La nómina incluye a exautoridades que mintieron sobre su historial académico o por sumarios administrativos. Sin embargo, la mayor polémica fue la fallida designación de su hermano Pablo Piñera como embajador en Argentina, levantando críticas por nepotismo, lo que obligó a que el mandatario desistiera de ese nombramiento.

El Presidente Boric, en tanto, designó a la expresidenta de la CUT, Bárbara Figueroa (PC), en esa sede diplomática, generando críticas trasandinas, como las del periodista Eduardo Feinmann, quien mostró en el noticiero La Nación un video donde Figueroa vociferaba en el Congreso contra el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. El cuestionamiento no tuvo mayores repercusiones y la exdirigenta de la multisindical se mantiene en Buenos Aires.

Otro traspiés de Piñera vino con los directores de TVN Gonzalo Cordero (UDI), Sebastián Guerrero (RN) y Jorge Saint-Jean (Evópoli), cuyas designaciones no respetaron el principio de paridad de género instaurado en el canal, por lo que Piñera debió retirar el decreto con los tres nombres enviados al Congreso para su ratificación.

Boric logró, en cambio, el miércoles 4 de mayo que el Senado aprobara la nominación del periodista Rodrigo Cid, como integrante del directorio de TVN, lo que constituyó un triunfo para la ministra vocera, Camila Vallejo.

Piñera y los acuerdos por falta de mayoría en el Congreso

Como Sebastián Piñera no contaba con mayoría en las dos cámaras del Congreso, desde un principio invitó a todos los sectores políticos a sumarse a grandes acuerdos en seguridad ciudadana, violencia en la Araucanía, salud, salto al desarrollo e infancia.

En este último tema, el Acuerdo Nacional por la Infancia se constituyó el 2 de abril de 2018 y participó el entonces diputado Gabriel Boric, siendo cuestionado por las diputadas PC Camila Vallejo y Carol Cariola por participar en esa instancia. «Si ustedes no quieren participar ok, pero no torpedeen diálogo de quienes sí queremos”, les respondió Boric en su Twitter.

 

Piñera también conformó la mesa de trabajo para un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana (6 de abril). Una de las medidas fue que 2.650 carabineros dejaran de hacer labor administrativa para colaborar en la prevención y sanción del delito.

Lo propio hizo Gabriel Boric este año con700 policías, lo que fue anunciado por la ministra del Interior, Izkia Siches, el pasado 4 de mayo. De inmediato, vinieron las críticas de los alcaldes de oposición que esta vez no contaron con refuerzos policiales, pero el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, hizo hincapié en que dicho reforzamiento será dinámico y los policías cambiarán de comunas.

El 24 de abril de 2018, Piñera logró un Acuerdo por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, que estuvo al mando del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Pero el asesinato de Marcelo Catrillanca (el 14 de noviembre) echó abajo dicho acuerdo. Y de paso el poder que había alcanzado Moreno se diluyó. Hasta esa fecha, se le mencionaba como un presidenciable. Un año más tarde salió de Desarrollo Social para aterrizar en Obras Públicas.

Seguridad: el dolor de cabeza de los gobiernos

A raíz de los últimos hechos de violencia que han conmocionado al país, como los baleos del
1 de mayo en el barrio Meiggs, donde resultaron tres personas heridas, y la muerte de un carabinero en Chillán, Boric acogió la idea del presidente de la UDI, Javier Macaya, para avanzar en un Acuerdo nacional por Seguridad.

“Como bien me planteaba Javier, tenemos que tener un acuerdo totalmente transversal en esto”, dijo Boric. Y el viernes pasado recordó que él hizo “un llamado, una expresión de voluntad que vamos a traducir prontamente en un acuerdo”.

Es que la delincuencia en los gobiernos ha sido uno de los grandes dolores de cabeza y una materia por la que la opinión pública tiende a desaprobar al Poder Ejecutivo. Bien lo sabía  Piñera quien el 12 de octubre de 2021 decretó el estado de excepción en la macrozona sur, que se prolongó por seis meses, a raíz de los graves hechos de violencia. Pero a dos días de haber asumido, Boric resolvió no renovarlo y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue el encargado de materializar la “desescalada” el 27 de marzo.

Según la encuesta Feedback del 2 de abril, un 55% de los encuestados rechazan la decisión de poner fin al estado de excepción en la Araucanía y al retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado contra personas que participaron en el estallido social en 2019.

Los atentados no se han detenido y hoy el gobierno de Boric busca instaurar un estado de excepción intermedio, que dé protección a las carreteras, pero que mantiene dividida a las dos coaliciones oficialistas en torno al rol que asumirían las Fuerzas Armadas. El predominio civil sería lo diferente, pues una autoridad debería hacerse cargo y no un militar.

La oposición, en todo caso, en un comienzo habría estado de acuerdo con el acuerdo en seguridad, pero las últimas declaraciones de la ministra de Justicia, Marcelo Ríos, sobre la indefinición de la categoría legal del machi Celestino Córdova, condenado por el ataque incendiario que terminó la vida con el matrimonio Luchsinger Mackay, hizo que los partidos de derecha se distanciaran del proyecto de La Moneda. Ayer la ministra Ríos precisó que Córdova sí es “un preso común, condenado por un homicidio”.

Amnistía a los presos del estallido

El 21 de marzo, el ministro Giorgio Jackson dio a conocer un proyecto con suma urgencia para amnistiar a los presos del estallido, pero la iniciativa no logró el consenso ni siquiera en los senadores del PS. “Esperamos que el gobierno se coordine con el Parlamento, y no sea solo un acto comunicacional en el que vemos al ministro sin trabajar, sin consultar, porque no están los votos”, indicó el senador PS Alfonso de Urresti.

En radio Duna, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, precisó el 29 de abril que en la iniciativa “hay un catálogo de delitos que no incluye daños de la integridad física de cualquier persona”, tratando de despejar las aprensiones por qué tipo de delito podrían ser liberados los detenidos. Además, como el proyecto ha ido cuesta arriba, la ministra de Justicia planteó que “el Presidente (Boric) seguirá usando los indultos particulares como están establecidos en nuestras normas”, aunque precisó que previamente debe haber condenas. Situación que no es la de los presos del estallido, quienes aún se encuentran en prisión preventiva.

Los primeros proyectos de ley

A comienzos del gobierno, Piñera retiró el proyecto presentado por Bachelet de cambio de la Constitución. El anuncio lo hizo, el 15 de marzo de 2018, su ministro del Interior, Andrés Chadwick, en el foro ICARE “¿Cómo viene el 2018?”. Allí Chadwick dijo que para el Ejecutivo “una Constitución no es un juego”. Sin embargo, tras el estallido social, La Moneda debió ceder y apoyar el Acuerdo por la paz del 15 de noviembre de 2019, donde comenzó el itinerario para redactar una nueva Carta Fundamental, que por estos días culmina su labor.

En términos legislativos, Bachelet envió despachó proyectos al Congreso, y logró que tres se convirtieran en ley: el Bono Marzo ($40 mil para un millón 600 mil familias), los beneficios de recolectores de basura y las medidas en favor de los pescadores afectados por el terremoto de Iquique del 1 de abril de 2018.

En el plan de las 50 medidas para los primeros 100 días, Bachelet envió la reforma tributaria que pretendía recaudar 8.200 millones de dólares bajo la premisa de “financiar gastos permanentes con ingresos permanentes”. Otro proyecto relevante que envió al Parlamento fue el que sustituyó al sistema electoral binominal por uno proporcional inclusivo, aumentando a 155 los diputados de la Cámara, número con el que actualmente funciona la cámara baja. El 18 de junio, cuando se cumplió el plazo que la presidenta se impuso para cumplir las 50 medidas prometidas, había cumplido el 92% de los compromisos, en 14 semanas.

Hasta ahora el gobierno de Boric ha logrado aprobar en el Congreso las modificaciones al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), un proyecto de georreferenciación para garantizar más cercanía de locales de votación al domicilio de los votantes, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), para evitar que exista un alza en los valores de la parafina, inyectando $40 millones de dólares para reducir en más de $100 el precio de ese combustible, estabilizándolo en $1000 el litro. El 1 de abril Boric firmó un decreto de promulgación de la ley que exige la celebración de un contrato entre las sociedades deportivas profesionales y las jugadoras que sean parte del Campeonato Nacional Femenino de Fútbol.

Interpelaciones a ministros de Bachelet y de Piñera

La relación con las oposiciones se puede graficar con las interpelaciones interpuestas a los respectivos ministros. En el gobierno de Bachelet, la primera ministra interpelada fue Paulina Saball, de Vivienda, a 103 días desde el inicio del gobierno por los avances en la reconstrucción en el norte, tras el terremoto que afectó a la zona. Mientras que en el gobierno de Piñera, el titular de Salud, Emilio Santelices, fue interpelado a 52 días de asumir ese gobierno, por el cambio de protocolo que permitía a instituciones de salud privadas ser objetores de conciencia en la ley de aborto en tres causales. Hasta ahora no ha habido interpelaciones a ningún ministro de Boric.

Por Meganoticias