Con 134 votos a favor y solo 2 en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde al proyecto que obliga a conductores de microbuses urbanos a someterse periódicamente a alcotest y narcotest. La iniciativa, conocida como Ley Alberto, ahora deberá continuar su tramitación en el Senado.
El proyecto nació a partir del fallecimiento de Mauro Alberto Gómez Estay, estudiante del Liceo Eduardo de la Barra, quien murió tras ser atropellado por un chofer que manejaba bajo los efectos de drogas.
El diputado por la Región de Valparaíso, Luis Cuello (PC), uno de los autores de las mociones refundidas en el texto final, valoró el respaldo transversal que obtuvo la propuesta en la Sala. A su juicio, la aprobación constituye “un paso decisivo” para fortalecer los estándares de seguridad en el transporte público.
“Se ha aprobado con una mayoría abrumadora este proyecto que busca establecer una herramienta preventiva para impedir que se arriesgue innecesariamente la vida de quienes utilizan el transporte público”, afirmó el parlamentario.
Cuello destacó además la persistencia de la familia del joven fallecido, especialmente de su madre, así como el trabajo conjunto con la diputada Carolina Marzán y el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, entre otras autoridades, para sacar adelante la iniciativa.
Controles obligatorios y registro semestral
La norma establece que las empresas de transporte público y privado de pasajeros deberán realizar controles de alcohol y drogas a sus conductores al menos dos veces por año calendario, garantizando un intervalo mínimo de cuatro meses entre cada examen.
Estos test no reemplazarán las fiscalizaciones que efectúen las autoridades competentes, sino que se sumarán como una medida preventiva adicional. Asimismo, las compañías estarán obligadas a llevar un registro de las pruebas realizadas y remitirlo semestralmente a la autoridad correspondiente.
En caso de incumplimiento, el proyecto contempla multas a beneficio fiscal que van desde 1,5 a 3 UTM por cada trabajador al que no se le haya aplicado el examen.
El diputado hizo un llamado al Senado a tramitar la iniciativa con celeridad, subrayando que la medida busca resguardar la integridad de miles de pasajeros, especialmente estudiantes, que utilizan a diario el transporte público en la región y el país.
