A casi 20 meses de la desaparición de María Ercira Contreras en el fundo Las Tórtolas, en la comuna de Limache, la investigación volvió a situarse en el centro del debate público luego de confirmarse que la dueña del recinto y dos funcionarios de la Policía de Investigaciones figuran como imputados por una eventual obstrucción a la justicia.
El nuevo escenario fue abordado por Carla Hernández, nieta de la adulta mayor desaparecida, quien en conversación con Meganoticias aseguró que desde los primeros días del caso detectaron una serie de irregularidades en el desarrollo de la investigación. Según relató, uno de los puntos más críticos dice relación con el manejo de registros de cámaras de seguridad del restaurante ubicado en el fundo.
Hernández explicó que se solicitó el respaldo de 24 horas de grabación, sin embargo, solo se entregaron algunos fragmentos. A ello se suma que dicho material no habría sido resguardado conforme a los protocolos, lo que derivó en que las imágenes terminaran sobrescribiéndose. “Nunca se incautó el sistema completo de grabación, y eso habla de fallas graves en la cadena de custodia. Estamos hablando de pruebas fundamentales que simplemente se perdieron”, sostuvo.
Respecto a la situación judicial de la propietaria del fundo Las Tórtolas, la nieta de María Ercira afirmó que su calidad de imputada fue establecida formalmente por resolución del Juzgado de Garantía, pese a las declaraciones públicas de su defensa. En ese sentido, cuestionó el cambio de estatus procesal que permitió a la imputada guardar silencio en la causa.
Finalmente, Hernández señaló que la incorporación de nuevos imputados refuerza la necesidad de revisar en profundidad la investigación. “Aquí hay más dudas que certezas. Creemos que es urgente que la causa se conduzca con total transparencia y sin sesgos, para esclarecer qué ocurrió realmente con mi abuela”, concluyó.
