Un grupo transversal de parlamentarios ingresó al Congreso el proyecto denominado “Ley Pago Justo del CAE”, iniciativa que busca modificar el actual sistema de cobros del Crédito con Aval del Estado, incorporando criterios que se ajusten a la realidad económica de los deudores.
La propuesta, liderada por la diputada Ana María Gazmuri junto a legisladores de distintos sectores, pretende beneficiar a más de 550 mil personas que mantienen deudas asociadas a este crédito, en un contexto marcado por el inicio de cobros por parte de la Tesorería General de la República.
Según explicó la parlamentaria, el proyecto surge como respuesta a lo que calificó como un sistema de cobro “injusto y abusivo”, especialmente en medio de un escenario económico complejo para las familias. En esa línea, planteó que si bien la aspiración inicial era avanzar hacia la condonación total del CAE, la actual propuesta busca al menos establecer límites y condiciones más equitativas.
La iniciativa propone modificar la forma en que se determinan los pagos, incorporando el concepto de “capacidad de pago ajustada”, que considera variables como ingresos, gastos, cargas familiares y situación laboral de los deudores.
Por su parte, la diputada Emilia Schneider criticó el sistema vigente, señalando que no contempla la realidad de quienes perciben ingresos inferiores a los 750 mil pesos, lo que dificulta cumplir con exigencias como el pago de un pie inicial que puede alcanzar hasta el 20% de la deuda.
Además, el proyecto establece que los cobros se realicen exclusivamente por la vía judicial, con el fin de garantizar el debido proceso, y contempla la suspensión de acciones mientras los deudores soliciten convenios de pago.
Desde el Congreso, parlamentarios como Carolina Cucumides advirtieron que el sistema actual impacta especialmente a familias de regiones y sectores vulnerables, muchas de las cuales accedieron al CAE como una oportunidad para financiar sus estudios superiores.
La iniciativa abre un nuevo capítulo en el debate sobre el financiamiento de la educación en Chile, en medio de crecientes cuestionamientos al modelo y demandas por soluciones estructurales.
