Parlamentarios exigen salida de jueza Irene Rodríguez tras liberar a sicario por error en su apellido
Una fuerte polémica se desató tras la liberación del imputado Osmar Ferrer, acusado de sicariato, desde el Centro de Detención Preventiva Santiago I, luego de que se anulara su prisión preventiva por un error ortográfico en su apellido. La medida fue firmada y autenticada por la jueza Irene Rodríguez, quien previamente había decretado la cautelar más gravosa contra el imputado.
La decisión provocó duras críticas desde el Congreso. El senador Iván Flores (DC), ex presidente de la Comisión de Seguridad, cuestionó duramente la excarcelación: “¿Dónde cabe que un sicario, con evidencia suficiente para obtener condena, sea liberado solo porque le faltaba una letra al apellido? Esto no lo había visto ni un tribunal ni Gendarmería”, afirmó. “La jueza, pa’ fuera. Sea por ignorancia, incapacidad, negligencia o por estar cooptada… pero pa’ fuera”, sentenció.
En la misma línea, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, José Miguel Durana (UDI), sostuvo que este caso evidencia la urgencia de enfrentar con decisión el crimen organizado. “Esto demuestra la gravedad del escenario de seguridad que vive el país. Esperamos que el gobierno tome acciones concretas y una señal clara sería que el Presidente convoque al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena)”, indicó.
Paralelamente, la bancada de diputados de la UDI presentó un proyecto de reforma constitucional para que la Cámara Baja pueda convocar al Cosena, una facultad que actualmente es exclusiva del Presidente de la República.
La situación ha reactivado el debate sobre la eficacia del sistema judicial frente al crimen organizado y la necesidad de fortalecer los protocolos para evitar errores que comprometan la seguridad pública.
