Republicanos recurren al Tribunal Constitucional por polémica compra de propiedad ligada a Salvador Allende
La fallida adquisición de una propiedad ubicada en calle Guardia Vieja, en Providencia, que perteneció al expresidente Salvador Allende, continúa generando reacciones. Diputados del Partido Republicano han confirmado que han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, argumentando graves irregularidades.
Esta acción se suma a una querella por fraude al fisco interpuesta contra el Presidente Gabriel Boric y todos los responsables, por la Fundación Fuerza Ciudadana. El presidente de la fundación, Raimundo Palamara Stewart, abogado relacionado con el Partido Republicano, lideró la presentación judicial.
Acusaciones y diligencias
En la querella se señala que el mandatario, en su calidad de funcionario público, habría autorizado en diciembre de 2024 la compra del inmueble con recursos fiscales, beneficiando a la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien es nieta de Salvador Allende y propietaria de la vivienda. El documento sostiene que la transacción, valorada en aproximadamente 993 millones de pesos (24.291,72 UF), constituye un delito de fraude al fisco al beneficiar a una colaboradora directa del Presidente.
Entre las diligencias solicitadas por la Fundación Fuerza Ciudadana al Ministerio Público, destacan:
- Verificar la inscripción del inmueble en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
- Tomar declaración a funcionarios de los ministerios implicados, incluyendo Defensa, Interior, Bienes Nacionales y Cultura.
- Citar al Presidente Gabriel Boric para esclarecer su participación en la transacción.
Críticas y declaraciones
Luis Sánchez, jefe de bancada de los diputados republicanos, calificó la situación como “muy grave” y aseguró que tanto la ministra Maya Fernández como la senadora Isabel Allende, hija del expresidente, estarían cesadas de facto de sus cargos.
“La afectación a nuestra democracia es gravísima, y el Presidente no se está haciendo cargo. Esto nos obliga a recurrir al Tribunal Constitucional y esperamos que el organismo se pronuncie con celeridad”, declaró Sánchez.
De proceder el recurso, podría llevar a la destitución tanto de la ministra Fernández como de la senadora Allende.
La polémica sigue escalando, mientras se esperan pronunciamientos oficiales del Ejecutivo y las instituciones implicadas en este caso que ha puesto en el foco el uso de recursos públicos y las decisiones de la actual administración.
