La propuesta de incorporar las artes marciales de manera obligatoria en los establecimientos educacionales abrió debate en el Senado durante la discusión de un proyecto que busca integrar formalmente estas disciplinas a la Ley del Deporte. La iniciativa fue impulsada por la senadora Vanessa Kaiser, quien planteó que esta formación podría contribuir tanto a la prevención de la violencia como al desarrollo de herramientas de defensa personal.
Durante su intervención, la parlamentaria sostuvo que las artes marciales deberían formar parte del currículum escolar, argumentando que aportan al desarrollo de la disciplina, el autocontrol y la gestión emocional. Según señaló, estas prácticas pueden desempeñar un rol relevante en la formación de niños y jóvenes, especialmente en el manejo responsable de la fuerza física y la resolución de conflictos.
Kaiser afirmó que, desde su experiencia personal como madre, la enseñanza de estas disciplinas contribuye al desarrollo integral de los estudiantes y favorece la adquisición de habilidades vinculadas al respeto, la responsabilidad y la autodisciplina.
La senadora también planteó que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género debiera promover activamente la enseñanza de artes marciales en los establecimientos educacionales, considerando que podrían transformarse en una herramienta útil de prevención frente a situaciones de violencia y una forma de fortalecer capacidades de defensa personal en mujeres y niñas.
En su exposición, la legisladora sostuvo que la práctica sistemática de estas disciplinas podría contribuir a disminuir conductas agresivas mediante el fortalecimiento del autocontrol emocional, especialmente entre los jóvenes, además de entregar conocimientos que permitan reaccionar de mejor manera ante eventuales situaciones de riesgo.
Finalmente, Kaiser valoró el proyecto que busca incorporar las artes marciales a la legislación deportiva nacional y destacó el aporte que realizan instructores, academias y deportistas en la formación de niños, adolescentes y adultos. Asimismo, planteó que iniciativas preventivas de este tipo podrían tener efectos positivos a largo plazo en materia de convivencia y seguridad, reduciendo la necesidad de recurrir posteriormente a medidas sancionatorias frente a hechos de violencia.
