Un complejo escenario enfrenta el megaproyecto inmobiliario Miraflores I y II, ubicado en el sector alto de Viña del Mar, cuyas obras permanecen paralizadas desde hace cerca de dos semanas en medio de cuestionamientos técnicos, acciones judiciales y denuncias de vecinos por eventuales riesgos a la seguridad.
De acuerdo a lo expuesto por la comunidad, la detención de los trabajos se produjo tras fiscalizaciones de organismos públicos y la presentación de recursos legales. Uno de los puntos más críticos fue detectado por la Dirección General de Aguas (DGA), que advirtió la intervención de una quebrada activa en el terreno.
Según explicó Javier Alvarado, presidente del Comité de Acción Ciudadana de Miraflores, en el lugar se habría alterado el cauce natural mediante la construcción de una especie de represa para permitir el tránsito de maquinaria pesada, lo que —advirtió— podría generar riesgos importantes, especialmente ante la llegada de las lluvias de invierno.
A ello se suma la preocupación por la cercanía de las obras con viviendas del sector. De acuerdo a los vecinos, existen muros de hasta 14 metros levantados a escasa distancia de las casas, lo que podría derivar en un eventual deslizamiento de tierra o aluvión en caso de colapso.
Frente a estos antecedentes, la DGA cursó una multa de 455 UTM a la empresa a cargo del proyecto y ordenó la paralización inmediata de las faenas.
En paralelo, residentes del sector presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, denunciando daños en sus viviendas, como grietas en muros perimetrales, además de problemas en la red de agua potable. Según relataron, las obras habrían provocado roturas de matrices, generando cortes de suministro e incluso anegamientos que afectaron la conectividad del sector.
Pese a la detención de los trabajos, los vecinos advierten que la incertidumbre persiste, ya que —aseguran— no existe una solución definitiva frente a los riesgos detectados.
“Cada vez que se cumplen plazos o se pagan multas, intentan retomar las obras”, señalaron desde la organización, insistiendo en la necesidad de medidas estructurales que garanticen la seguridad de la comunidad.
