Durante esta semana se produjo uno de los hitos legislativos más relevantes de los últimos años en el Congreso, luego de que sectores de la oposición lograran aprobar en general un proyecto de ley que permitiría el cumplimiento alternativo de penas para internos que padezcan enfermedades terminales o crónicas.
La iniciativa, impulsada tras más de media docena de intentos fallidos, busca establecer que la gravedad de una condena no sería incompatible con que una persona privada de libertad pueda terminar su vida fuera de un recinto penitenciario. Sus promotores sostienen que el objetivo es garantizar que reos con graves problemas de salud puedan “morir en paz”, considerando incluso a condenados por violaciones a los derechos humanos que presenten enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.
Sin embargo, la propuesta desató una fuerte controversia política entre oficialismo y oposición. En los pasillos del Senado incluso ha sido bautizada de forma crítica como el “proyecto Punta Peuco”, debido a que algunos sectores consideran que podría beneficiar a condenados por crímenes cometidos durante la dictadura.
El proyecto contempla cuatro hipótesis bajo las cuales la justicia podría autorizar el cumplimiento alternativo de la pena, entre ellas: que el condenado tenga una discapacidad incompatible con las condiciones carcelarias; que padezca una enfermedad crónica incurable; que se encuentre en etapa terminal; o que tenga al menos 70 años y que la suma de su edad con los años de condena alcance los 80.
Uno de los principales cuestionamientos radica en la redacción del texto, ya que los criterios no serían copulativos, lo que —según críticos— podría abrir la puerta para que un número mayor de internos acceda a este beneficio.
En medio del debate, el Presidente Gabriel Boric manifestó su rechazo a la propuesta, señalando que “consagra la impunidad para criminales”, e hizo un llamado al Congreso a frenar su avance.
Desde la oposición, en cambio, el jefe de bancada del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, defendió la iniciativa y afirmó que en ningún caso implicará la liberación masiva de reos.
La discusión también generó reacciones en otros sectores políticos. El Partido Socialista anunció que entregará una carta en la embajada de México en Chile para informar a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que el próximo embajador chileno en ese país, el senador Francisco Chahuán, figura entre los autores del proyecto.
Asimismo, parlamentarios socialistas solicitarán una reunión con el Presidente Boric para analizar posibles acciones frente a la iniciativa. La presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, calificó la propuesta como una “aberración jurídica”.
Por el contrario, el senador Rojo Edwards planteó que, si el proyecto no prospera, el futuro gobierno podría evaluar la opción de un indulto presidencial para ciertos casos.
Mientras tanto, otros legisladores han reconocido que el texto requiere modificaciones. El diputado Diego Schalper (RN) admitió que la propuesta presenta “errores graves” que deben corregirse durante su tramitación.
De esta forma, el proyecto continuará generando una intensa discusión política en el Congreso, donde oficialismo y oposición anticipan un debate marcado por profundas diferencias sobre sus alcances y eventuales consecuencias.
