La Comisión de Vivienda del Senado recibió un duro diagnóstico por parte de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, sobre la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional impulsado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. La exposición reactivó el debate político en torno a una eventual acusación constitucional contra el exministro de Vivienda, Carlos Montes.
Durante la sesión, la jefa del organismo fiscalizador presentó los resultados de una auditoría que detectó debilidades estructurales en la implementación del plan habitacional, apuntando principalmente a problemas en el seguimiento de metas y deficiencias en la fiscalización de recursos públicos.
El informe expuesto ante los senadores también dio cuenta de retrasos administrativos y trabas burocráticas que, según se indicó, terminaron ralentizando la ejecución de iniciativas habitacionales destinadas a miles de familias que aún esperan una solución definitiva.
Tras la presentación, parlamentarios oficialistas descartaron impulsar una acusación constitucional contra el exsecretario de Estado. El senador socialista Fidel Espinoza sostuvo que la exposición de la Contraloría no acreditó infracciones constitucionales por parte de Montes.
En la misma línea, la senadora Loreto Carvajal aseguró que no existen antecedentes suficientes para justificar una acción constitucional, señalando que la sesión permitió aclarar cuestionamientos relacionados con supuestos sobreprecios en la compra de terrenos.
Desde la oposición, en tanto, la diputada republicana Paz Charpentier insistió en que el informe sí evidenciaría irregularidades y eventuales vulneraciones constitucionales por parte del exministro, asegurando que los antecedentes entregados por Contraloría respaldarían la necesidad de avanzar en responsabilidades políticas.
El debate continúa abierto en el Congreso, mientras persisten las dudas respecto a si las observaciones detectadas derivarán en acciones políticas concretas o quedarán limitadas a sumarios administrativos y recomendaciones de mejora. Todo esto ocurre en medio de cuestionamientos al avance de la meta de construir 260 mil viviendas a nivel nacional.
