El ministro de Vivienda, Iván Poduje, respondió a la querella presentada en su contra por la entidad patrocinante Social Arquitectura, en el marco del proceso de reconstrucción del sector El Olivar de Viña del Mar, calificando de “sinvergüenza” a la constructora San Sebastián y defendiendo las decisiones adoptadas por la cartera frente a las deficiencias detectadas en las viviendas.
La acción judicial fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y también apunta al seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, y al director subrogante del Serviu regional, Rodrigo Muñoz. Los denunciantes acusan abuso de poder, falsificación de documentos y fraude al fisco, a raíz de la paralización de obras y la orden de demolición de viviendas construidas tras el megaincendio de febrero de 2024.
Según Social Arquitectura, las decisiones adoptadas por el Ministerio habrían provocado la exclusión de proyectos de reconstrucción destinados a 356 familias damnificadas, además de afectar contratos previamente adjudicados. La entidad sostiene que las medidas carecieron de fundamentos legales y que existieron presiones indebidas para justificar el término de las obras.
Frente a estos cuestionamientos, Poduje aseguró que la querella proviene de una empresa responsable de construir cerca de 150 viviendas que, según afirmó, presentaban graves incumplimientos técnicos. El secretario de Estado sostuvo que los inmuebles fueron levantados sin los estudios estructurales requeridos, utilizando materiales no certificados y sin respetar normas de resistencia al fuego.
El ministro agregó que el Minvu presentó anteriormente diversas acciones judiciales contra la constructora por presuntos delitos vinculados a fraude al fisco, estafa y negociación incompatible. Asimismo, señaló que existen procesos administrativos en curso contra funcionarios encargados de la fiscalización de las obras.
La autoridad enfatizó que el Gobierno no entregará viviendas que requieran reparaciones estructurales posteriores y aseguró que los informes elaborados por organismos especializados, entre ellos entidades ligadas a universidades, respaldan la decisión de paralizar los proyectos cuestionados.
En ese contexto, Poduje afirmó que las medidas adoptadas buscan garantizar que las familias afectadas reciban soluciones habitacionales seguras y acordes a los estándares exigidos para una reconstrucción posterior a una catástrofe de gran magnitud.
Finalmente, el titular de Vivienda reiteró que el Ministerio continuará impulsando acciones legales para recuperar recursos públicos eventualmente comprometidos y aseguró que el objetivo sigue siendo entregar viviendas definitivas que cumplan con todas las condiciones de seguridad para las familias damnificadas de El Olivar.
