Alcaldesa de Viña del Mar solicita investigación a empresas eléctricas por demora en reposición del suministro
La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, solicitó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) iniciar una investigación y fiscalización a las empresas concesionarias de distribución eléctrica que operan en la comuna, con el objetivo de determinar posibles incumplimientos en la reposición del servicio tras el sistema frontal que afectó a la Región de Valparaíso.
La petición fue realizada mediante un oficio dirigido a la superintendenta de la SEC, Marta Cabezas, luego de los prolongados cortes de energía que han afectado a miles de vecinos de distintos sectores de la ciudad.
La jefa comunal cuestionó que las compañías eléctricas no hayan contado con la preparación ni los recursos suficientes para enfrentar una emergencia climática que, según indicó, había sido anunciada con anticipación.
En ese contexto, señaló que habitantes de sectores como Reñaca, Villa Hermosa, Forestal, Nueva Aurora y Achupallas permanecieron cerca de dos días sin suministro eléctrico, situación que calificó como inaceptable.
En el documento, la alcaldesa argumentó que la demora en la reposición del servicio compromete la continuidad de un servicio público esencial, afectando tanto las actividades cotidianas de la comunidad como el funcionamiento de servicios críticos que dependen de la energía eléctrica.
Asimismo, advirtió que la situación reviste especial gravedad para las personas electrodependientes, quienes requieren del suministro continuo para el funcionamiento de equipos médicos indispensables para su vida y salud.
Ripamonti sostuvo además que los antecedentes podrían evidenciar un eventual incumplimiento de los estándares de calidad, continuidad del servicio y de los plazos máximos de reposición establecidos en la normativa vigente.
Por ello, solicitó a la SEC que, en caso de comprobarse infracciones, se apliquen las sanciones correspondientes, considerando el elevado número de usuarios afectados y el impacto generado en personas y servicios de especial vulnerabilidad.
