La auditoría impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast detectó que más de 1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones entre 2022 y 2026 no cuentan con rendiciones acreditadas, según informó el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal durante su cuarta sesión.
La instancia, encabezada por la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Constanza Castillo, informó que durante el período correspondiente a la administración anterior se identificaron transferencias por más de 5,4 billones de pesos a fundaciones y entidades privadas que debían presentar respaldos sobre el uso de esos recursos públicos.
De acuerdo con el balance presentado, más de 1,4 billones de pesos no registran rendiciones acreditadas, situación que, según las autoridades, requiere una revisión exhaustiva para determinar eventuales incumplimientos administrativos o responsabilidades asociadas.
«Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, la responsabilidad no termina con la entrega de esos fondos. Existe la obligación de verificar que hayan sido ejecutados correctamente, respaldados y rendidos conforme a la normativa vigente», señaló Castillo.
La auditoría también detectó que entre 2022 y 2026 fueron creadas 177 fundaciones que recibieron recursos públicos por más de 11 mil millones de pesos sujetos a rendición. De ese total, más de 6.500 millones de pesos, equivalentes a cerca del 60%, no cuentan con documentación que acredite su correcta rendición.
Asimismo, se informó que 79 de estas organizaciones no registran antecedentes de rendición respecto de los recursos recibidos.
Entre los organismos con mayores niveles de recursos pendientes de acreditar figuran el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y la Subsecretaría de Agricultura.
Junto con dar a conocer estos antecedentes, el comité instruyó investigaciones específicas en los ministerios de Deporte, Agricultura, Energía y Salud, tras detectar situaciones que, a juicio de la instancia, ameritan una revisión más profunda.
En el caso del Ministerio del Deporte, las indagatorias estarán enfocadas en la administración y rendición de fondos públicos a través del Instituto Nacional de Deportes. En Energía, la revisión recaerá sobre la Agencia de Sostenibilidad Energética y el cumplimiento de programas financiados con recursos estatales.
En Agricultura, las pesquisas buscarán esclarecer el destino de transferencias efectuadas a organismos ejecutores, mientras que en Salud se analizarán procesos de compras, contrataciones y ejecución de recursos en distintas reparticiones dependientes.
La presidenta del comité sostuvo que el objetivo de estas acciones es fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el uso de fondos públicos. «Estamos avanzando no solo en la detección de alertas, sino también en la adopción de medidas concretas. Nuestro compromiso es proteger los recursos del Estado y asegurar una adecuada fiscalización de su utilización», concluyó.
