Bono de $30 mil por hijo tendría un costo cercano a los $89 mil millones para el Estado
Uno de los anuncios más comentados de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast fue la creación de un Bono por Hijo de $30 mil, una ayuda económica extraordinaria destinada a apoyar a las familias más vulnerables frente al aumento del costo de la vida y el encarecimiento de los combustibles.
Junto con los detalles sobre los potenciales beneficiarios, también surgieron interrogantes respecto al impacto fiscal que tendrá la medida una vez que sea tramitada y aprobada por el Congreso.
Según estimaciones preliminares del Ministerio de Hacienda, el beneficio implicaría un desembolso cercano a los 100 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 88.878 millones de pesos. La proyección considera la entrega de un pago único de $30.000 por cada niño o niña que cumpla con los requisitos establecidos por el Ejecutivo.
De acuerdo con los cálculos realizados por el Gobierno, la iniciativa podría beneficiar a cerca de 2,3 millones de menores de edad en todo el país, transformándose en una de las medidas sociales más relevantes anunciadas durante la Cuenta Pública.
La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, explicó que el bono estará dirigido a las familias pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), y que podrán acceder al aporte los padres, madres o tutores de niños y niñas de entre 0 y 13 años.
La secretaria de Estado destacó que la medida busca entregar un alivio económico a quienes enfrentan mayores dificultades para cubrir los gastos asociados a la crianza y manutención de sus hijos.
El monto que recibirá cada hogar dependerá del número de niños que cumplan con los requisitos. Así, una familia con dos hijos podría obtener un aporte de $60.000, mientras que un hogar con tres menores beneficiarios accedería a un total de $90.000.
El proyecto forma parte del paquete de medidas impulsadas por el Ejecutivo para enfrentar el impacto que han tenido el alza de los combustibles y el aumento del costo de diversos bienes y servicios sobre los presupuestos familiares.
La iniciativa será presentada próximamente al Congreso Nacional, donde deberá iniciar su tramitación legislativa antes de convertirse en ley y permitir la entrega efectiva del beneficio a las familias que cumplan con las condiciones establecidas.
