Comienza segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio para recuperar 40 hectáreas del cerro Centinela
La mañana de este martes se inició la segunda fase del desalojo de la megatoma del cerro Centinela, en la comuna de San Antonio, procedimiento que busca recuperar las 40 hectáreas restantes del asentamiento irregular en cumplimiento de una resolución judicial.
El operativo comenzó alrededor de las 08:30 horas en el lote 1A2, correspondiente a los campamentos Fuerza Guerrera y Agua Salada, con un amplio despliegue de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), personal de la Delegación Presidencial, maquinaria pesada y empresas proveedoras de servicios básicos.
Durante las primeras horas de la intervención, trabajadores de Chilquinta iniciaron el retiro de conexiones eléctricas instaladas de manera irregular, mientras equipos especializados comenzaron las labores de demolición de estructuras. Hasta el cierre de esta edición, el procedimiento se desarrollaba sin incidentes relevantes.
La medida responde a un fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en junio de 2023, tras acoger un recurso de protección presentado por el propietario del terreno, resolución que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema en marzo de 2024.
La sentencia ordenó restituir el predio a su dueño e instruyó a diversos organismos públicos coordinar el proceso de desalojo resguardando la seguridad de las personas involucradas.
La megatoma del cerro Centinela se extiende por 98,4 hectáreas. Una primera etapa ejecutada en enero de este año permitió recuperar 58,4 hectáreas, mientras que esta nueva fase contempla la restitución de las 40 hectáreas restantes, donde actualmente existen 853 estructuras.
En una primera subetapa se proyecta intervenir 5,4 hectáreas durante esta semana, con la demolición de 156 viviendas, de las cuales 60 pertenecen al campamento Fuerza Guerrera y 96 a Agua Salada.
Según información del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en el sector intervenido residían 115 personas, aunque las autoridades indicaron que un número importante de familias abandonó voluntariamente el lugar tras ser notificadas con anticipación sobre el procedimiento.
Las notificaciones fueron realizadas durante 2024 por un receptor judicial y, desde marzo de este año, la Delegación Presidencial sostuvo reuniones con representantes de la megatoma para coordinar el proceso. El pasado 15 de junio, además, se informó directamente a cada grupo familiar sobre la fecha de inicio del operativo.
La planificación considera avanzar a un ritmo cercano a una hectárea por día.
La jefa de Zona de Carabineros de Valparaíso, general Patricia Vásquez, señaló que el despliegue policial tiene como principal objetivo resguardar la seguridad tanto de los habitantes como de los equipos que participan en las labores.
«Carabineros está desplegado para salvaguardar la seguridad de las personas que habitan la megatoma y de quienes desarrollan el procedimiento», indicó.
La autoridad agregó que las evaluaciones previas permitían prever una jornada tranquila, aunque advirtió que el escenario podría modificarse durante el desarrollo del operativo.
Por su parte, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, sostuvo que numerosas familias optaron por retirarse voluntariamente antes del inicio de la intervención, apoyadas incluso por camiones dispuestos durante el fin de semana para facilitar el traslado de sus pertenencias.
Asimismo, reiteró que el Gobierno continuará respaldando a quienes busquen soluciones habitacionales mediante mecanismos institucionales, enfatizando que las ocupaciones irregulares no constituyen una vía válida para acceder a una vivienda.
En medio del proceso, algunas familias manifestaron preocupación por la falta de alternativas habitacionales definitivas. Eugenia Araya, residente del sector, señaló que abandonará el lugar para proteger a su familia, aunque cuestionó la ausencia de soluciones concretas.
El operativo contempla además medidas especiales de seguridad, incluyendo drones de vigilancia, controles preventivos y puestos de mando, así como apoyo social para adultos mayores, niños, personas con discapacidad y pacientes electrodependientes.
En paralelo, la Municipalidad de San Antonio habilitó un albergue con capacidad para 70 personas en el Colegio España de Llolleo, además de un recinto adicional de emergencia que será utilizado en caso de ser necesario.
Una vez finalizado el desalojo, el propietario del predio deberá implementar obras destinadas a evitar nuevas ocupaciones, entre ellas la construcción de zanjas y la instalación de cierres perimetrales.
