La Corte Suprema emitió observaciones al proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social impulsado por el Gobierno, advirtiendo que la iniciativa requiere “ajustes relevantes” en materias vinculadas a la evaluación ambiental y al funcionamiento de los Tribunales Ambientales.
El análisis fue realizado por el pleno del máximo tribunal durante una sesión efectuada el pasado 4 de mayo, tras lo cual se envió un informe oficial a la Cámara de Diputadas y Diputados con una serie de reparos al denominado proyecto de “ley miscelánea”.
En el documento, la Corte valoró que la propuesta busque entregar mayor certeza jurídica y fortalecer la especialización en materias ambientales. Sin embargo, advirtió que las modificaciones planteadas necesitan una mejor coordinación normativa, mayor precisión en las competencias y una delimitación más clara de sus efectos.
Uno de los puntos que generó mayor debate entre los ministros fue la posibilidad de que el Estado deba restituir gastos a empresas cuyas resoluciones de calificación ambiental sean anuladas por la justicia.
Según el informe, esta medida implicaría un cambio significativo en el sistema actual, ya que permitiría que el Fisco asuma costos derivados de inversiones privadas afectadas por fallos judiciales. Frente a ello, la Suprema recomendó establecer mayores restricciones y exigencias para evitar que el Estado termine actuando como una especie de asegurador del riesgo regulatorio de proyectos privados.
El mecanismo, además, provocó divisiones internas en el tribunal. Cuatro ministros manifestaron su rechazo absoluto a esta restitución de recursos, argumentando que la propuesta se aleja del sistema de responsabilidad civil vigente en el país.
Con estas observaciones, el máximo tribunal abrió un nuevo debate sobre el alcance de la reforma impulsada por el Ejecutivo y los efectos que podría tener en materia ambiental y de inversión privada.
