Polémica por pensiones de gracia: Contraloría revela antecedentes penales de beneficiarios La Contraloría General de la República generó revuelo esta semana al dar a conocer que 58 personas que recibieron pensiones de gracia después del estallido social tienen antecedentes penales, incluyendo delitos violentos. Este hallazgo ha generado críticas debido a la falta de rigurosidad en la entrega de estos beneficios.
Además, se descubrió que en algunos casos no se presentaron antecedentes médicos que respalden la solicitud del beneficio. De los 19 expedientes enviados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), también se encontró que no contenían información médica.
El procedimiento para otorgar estas pensiones, establecido en enero de 2022, requería un informe del INDH que certificara el menoscabo permanente de la capacidad de trabajo de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en un oficio enviado en septiembre de 2022, la directora del INDH, Consuelo Contreras, informó al presidente Gabriel Boric sobre la imposibilidad de cumplir con este requisito debido a limitaciones técnicas y legales.
Contreras señaló que la inclusión de nuevas funciones, como la entrega de pensiones de gracia, representaba un riesgo para la autonomía del Instituto y abogó por la creación de un órgano independiente para calificar a las víctimas y garantizar un procedimiento transparente y justo.
Este episodio ha avivado el debate sobre la entrega de pensiones de gracia y la necesidad de revisar los criterios de otorgamiento para asegurar su transparencia y legalidad.