La discusión sobre la responsabilidad penal adolescente volverá a instalarse en el Congreso luego de que el Gobierno anunciara que otorgará discusión inmediata al proyecto de ley que busca endurecer las sanciones para menores de edad involucrados en delitos de alta gravedad.
La iniciativa contempla una serie de modificaciones a la actual legislación, entre ellas la posibilidad de que adolescentes de entre 16 y 17 años puedan ser juzgados bajo normas aplicables a adultos cuando sean imputados por alguno de los 17 delitos considerados en un catálogo especial y siempre que la solicitud sea presentada por el fiscal y autorizada por un tribunal.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que el Ejecutivo impulsará indicaciones para reforzar la propuesta que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria.
Entre los principales cambios que se plantean figura la eliminación del beneficio de irreprochable conducta anterior para quienes hayan sido condenados siendo menores de edad por delitos de extrema gravedad. Asimismo, se propone aumentar hasta 10 años las penas máximas para menores de 16 años responsables de este tipo de ilícitos.
El proyecto también establece la posibilidad de trasladar a centros penitenciarios de adultos a condenados que alcancen la mayoría de edad, siempre que exista una recomendación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
El catálogo de delitos incluidos en la iniciativa considera secuestro, secuestro de menores, violación, abuso sexual calificado, homicidio simple y calificado, parricidio, robos con violencia o intimidación, incendio con resultado de muerte o lesiones, instalación de artefactos explosivos y ataques contra funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, además de aquellos delitos sancionados con presidio perpetuo.
La decisión del Ejecutivo de acelerar la tramitación de la iniciativa surge tras el homicidio de Alejandro Águila, niño de 12 años que falleció durante una encerrona en la comuna de San Bernardo. Por este hecho permanecen detenidas seis personas, entre ellas dos adolescentes de 17 años, situación que reabrió el debate sobre las sanciones aplicables a menores involucrados en delitos violentos.
