Cerca de las 07:30 horas de este jueves se concretó el primer vuelo de expulsión de migrantes en situación irregular impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, marcando el inicio de una de las principales medidas en materia migratoria de la actual administración.
El operativo se realizó desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile, en dependencias cercanas al aeropuerto de Santiago, y contempló la salida de 40 ciudadanos extranjeros con destino a Bolivia, Ecuador y Colombia.
El traslado se llevó a cabo en una aeronave Boeing 737 de la FACh, donde cada uno de los expulsados fue acompañado por un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, en el marco de un procedimiento que combinó expulsiones administrativas y judiciales.
Según se informó, la aeronave realizaría una escala en la ciudad de Iquique, donde se sumarían más personas al proceso de deportación antes de abandonar el país.
De acuerdo a los antecedentes, todos los extranjeros incluidos en el operativo mantenían algún tipo de infracción o delito asociado, entre ellos ingreso por pasos no habilitados, receptación de vehículos, tráfico de drogas, robos con violencia y porte ilegal de armas.
Desde el Ejecutivo trascendió que este tipo de vuelos se replicaría de manera periódica, proyectándose al menos tres operaciones mensuales, además de evaluar alternativas como traslados terrestres o vuelos chárter, aunque estos últimos implican un mayor costo.
En términos presupuestarios, el Gobierno contempla utilizar cerca de $4 mil millones destinados en la Ley de Presupuestos para financiar estas expulsiones, cuyo costo por procedimiento bordea los $3 millones.
No obstante, uno de los principales obstáculos para la ejecución del plan es la imposibilidad de concretar expulsiones hacia ciertos países, como Venezuela, debido a la falta de relaciones diplomáticas que permitan coordinar estos procesos.
Con esta medida, el Gobierno busca avanzar en el control de la migración irregular, en medio de un debate público marcado por la seguridad y la capacidad del Estado para ejecutar las expulsiones comprometidas.
