El inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast ha estado marcado por una revisión de las medidas adoptadas durante la administración de Gabriel Boric, proceso que ya ha derivado en el retiro de cerca de un centenar de decretos y proyectos impulsados previamente.
En este contexto, el Ejecutivo decidió retirar desde la Contraloría General de la República de Chile la toma de razón del Decreto N°10 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, normativa que buscaba introducir modificaciones al reglamento de la denominada Ley Karin.
El decreto tenía como objetivo perfeccionar los procedimientos de investigación en casos de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, en base a la experiencia recogida durante el primer año de implementación de la ley.
La decisión generó críticas desde distintos sectores. La diputada Ana María Gazmuri cuestionó el retiro del documento, señalando que podría implicar un retroceso en la protección de las víctimas. “No es un ajuste técnico, es debilitar la protección”, manifestó.
Desde la administración anterior, exautoridades explicaron que las modificaciones propuestas respondían a la necesidad de fortalecer el sistema, tras detectarse una alta cantidad de denuncias que habrían tensionado los mecanismos institucionales. Según indicaron, el objetivo era resguardar principios como el debido proceso, la perspectiva de género y evitar la revictimización.
Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, defendió la decisión del Ejecutivo, asegurando que la normativa vigente no se ve afectada. “La ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación”, afirmó.
La autoridad agregó que el Gobierno se encuentra revisando el decreto con el fin de elaborar una nueva propuesta que garantice una implementación efectiva de la normativa, incorporando la experiencia de trabajadores, empleadores y otros actores relevantes.
Finalmente, desde el Ejecutivo recalcaron su compromiso de avanzar en ajustes que fortalezcan el espíritu de la Ley Karin, asegurando la protección de las personas y el correcto funcionamiento de los procedimientos asociados.
