La muerte de Negrito, un perro de Quilpué que fue abatido por un funcionario de la PDI, ha generado conmoción y dolor en la comunidad. Este hecho nos interpela como sociedad y nos obliga a reflexionar sobre la urgente necesidad de avanzar en leyes, protocolos y políticas públicas que protejan tanto la vida animal como la seguridad ciudadana.
Hoy, en pleno siglo XXI, no basta con reaccionar frente a hechos aislados: necesitamos marcos claros que aseguren que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir. Los protocolos de las instituciones armadas y policiales deben incorporar criterios de proporcionalidad, ética y respeto a la vida, donde el uso de la fuerza sea siempre el último recurso.
Al mismo tiempo, este caso pone en evidencia que el animalismo no es un tema secundario: los animales forman parte de nuestras familias, barrios y comunidades. Respetar su vida es también respetar la vida humana y la convivencia ciudadana.
La ciudadanía exige respuestas. Se requieren leyes más robustas contra el maltrato animal, capacitación permanente para funcionarios en el manejo de este tipo de situaciones y campañas de educación cívica que promuevan el respeto mutuo entre personas, instituciones y animales.
Este doloroso episodio nos recuerda que la seguridad no se construye con violencia, sino con humanidad, protocolos claros y políticas públicas modernas. Negrito no debe ser recordado solo como una víctima, sino como el punto de inflexión para avanzar hacia una sociedad más justa, compasiva y segura para todos y todas.
Por Jazmín Aguilar Ortiz
