En medio de la profunda crisis presupuestaria que afecta al Hospital Carlos Van Buren, se han registrado nuevas denuncias que revelan que mujeres estarían dando a luz sin anestesia, lo que ha generado una ola de indignación.
La diputada del Frente Amplio, María Francisca Bello, alzó la voz con fuerza ante esta situación, indicando que “El día 7 de marzo advertimos y pusimos en alerta a las autoridades competentes de la situación que estaban viviendo mujeres dentro del hospital Carlos Van Buren que significaba parir sin anestesia. Nos dijeron que se estaba solucionando y que las mujeres estaban siendo trasladadas de sus partos al Gustavo Fricke. Hoy, con profundo dolor, nos enteramos que las mujeres han tenido que parir sin anestesia en el hospital Carlos Van Buren. Esto no es solo una negligencia, es violencia gineco-obstétrica y es una vulneración directa a los derechos sexuales y reproductivos de nosotras las mujeres”, afirmó.
La parlamentaria, además, sostuvo que esta situación no puede quedar impune: “Como diputada, pero sobre todo como mamá, me indigna profundamente lo que está ocurriendo. No vamos a dejar pasar esta situación y utilizaremos todas las herramientas que nos otorga el cargo (de diputada) para que no quede en la impunidad. El parto debe ser respetado y el dolor de una mujer no es un dato más, es una urgencia”, remarcó.
Por su parte, la ex consejera regional por Valparaíso, Nataly Campusano, también del Frente Amplio, apuntó directamente a la responsabilidad institucional, indicando que “La situación del Hospital Carlos Van Buren a esta altura es indolente, donde hay una serie de situaciones que golpean el estándar de la salud pública y particularmente en este caso vulnerando derechos fundamentales. Todas las acciones necesarias tienen que ir contra la violencia obstétrica que nuestro país ha firmado combatir. Hay que buscar responsables y, más allá de condenas, tomar acciones concretas para que esto no vuelva a pasar en el hospital estratégico público más importante de la región”, expresó.
Ambas voces coinciden en que los hechos ocurridos constituyen una grave vulneración de derechos humanos y reflejan las consecuencias directas de una crisis financiera que ya no puede seguir siendo invisibilizada a nivel nacional.
Desde el mundo político y social, ya se han anunciado acciones de fiscalización, exigencias al Ministerio de Salud y el reforzamiento del debate sobre la urgencia de garantizar un parto respetado y digno para todas las mujeres en Chile.
