El excandidato presidencial José Antonio Kast y parlamentarios del Partido Republicano enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric con una serie de propuestas para controlar el ingreso masivo de inmigrantes a través de pasos no habilitados en el norte de Chile.
La propuesta, denominada “Cero Ilegales”, busca implementar propuestas más estrictas para combatir la inmigración ilegal, considerada por Kast como una medida para tener más seguridad para la nación y más seguridad pública para los chilenos.
Una de las ideas del plan es nombrar a un “ministro temporal con poderes administrativos para coordinar con varios servicios gubernamentales y así identificar, detener y expulsar a los inmigrantes ilegales”. Además, se propone destinar el 2% del presupuesto constitucional para controlar la crisis migratoria.
El plan también sugiere tipificar como delito el ingreso ilegal a Chile y establecer centros de detención provisionales para aquellos que no puedan acreditar su situación migratoria y deban ser expulsados. Kast comparó esta medida con las residencias sanitarias implementadas durante la pandemia, pero en este caso, se usaron como lugares provisionales para quienes no cumplieron con los requisitos de permanencia en Chile hasta que sean expulsados.
El exparlamentario reconoció que estas medidas implican una mejor relación o una relación directa con los países vecinos para exigirles un mayor control migratorio en sus territorios, ya que las personas que llegan a Chile han transitado por distintos países donde no se realiza un debido control migratorio.
El diputado Diego Schalper, secretario general de Renovación Nacional (RN), también acudió a La Moneda para pedir el patrocinio al proyecto que declara como delito el ingreso ilegal al país. En su intervención, Schalper criticó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por lo que considera una falta de capacidad de diálogo con la oposición y por el supuesto fracaso de su estrategia, la ley Naín-Retamal.
El tema de la inmigración ilegal en Chile ha generado un intenso debate en el país, con posturas encontradas respecto a cómo abordar el fenómeno. Mientras algunos sectores políticos abogan por medidas más estrictas y la expulsión de inmigrantes ilegales, otros defienden una política más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos de los migrantes. La propuesta del Partido Republicano espera generar un amplio debate en el Congreso y en la opinión pública chilena en los próximos meses.