Cinco elecciones populares, dos procesos constitucionales, 229 redactores constituyentes, un año y medio de intensas sesiones y un costo total estimado en más de $150 mil millones, es el saldo del fallido intento por cambiar la actual Constitución en Chile.
Después del rechazo al texto del Consejo Constitucional, se cierran cuatro años de debates sobre propuestas para reemplazar la Constitución de 1980. Iniciados tras el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución en noviembre de 2019, los dos procesos buscaban encontrar una solución institucional a la crisis generada por el estallido social.
El extenso proceso comprendió diversas etapas, desde el trabajo en el Congreso para definir los detalles del mecanismo de reemplazo, hasta plebiscitos, elecciones de convencionales constituyentes, trabajo parlamentario, debate de expertos, elección de consejeros constitucionales y plebiscitos finales.
El último plebiscito, realizado para validar la nueva propuesta, resultó en un rechazo del 55,7% frente al 44,2% de votos a favor.
En cuanto al gasto total del proceso, estimaciones basadas en proyectos legislativos, partidas de la Dirección de Presupuesto para el Servicio Electoral, y los informes financieros del consejo y la convención, sugieren que el costo alcanza los $150 mil millones o cerca de US$170 millones.
Entre los gastos vinculados al tema se encuentran los plebiscitos de entrada y salida, la elección de constituyentes y consejeros constitucionales, el trabajo de la convención, campañas de difusión de proyectos constitucionales, entre otros. Sin embargo, no se incluyen gastos asociados al trabajo de la Cámara de Diputados y el Senado para reformar la Constitución ni se puede estimar el impacto económico en inversiones o el comercio generado durante el período de incertidumbre política.