El Servicio Electoral (Servel) ha presentado una denuncia contra la candidata del Partido de la Gente (PDG) al Consejo Constitucional, Karla Añes, por haber presentado su declaración de candidatura sin haber solicitado previamente al Senado la rehabilitación de su ciudadanía.
Según un comunicado emitido por el Servel, los hechos podrían configurar la comisión de delitos previstos en los artículos 210 y 212 del Código Penal o de otras figuras delictivas que el Ministerio Público determine.
El Servel argumenta que la candidata faltó a la verdad al declarar bajo juramento que cumplía con los requisitos constitucionales y legales para postular al Consejo Constitucional, cuando en realidad no estaba habilitada para hacerlo. Por esta razón, el Servel estima que Añes podría haber cometido un delito tipificado en el artículo 210 del Código Penal, que establece penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales para aquellos que perjuren o den falso testimonio ante la autoridad o sus agentes en materia que no sea contenciosa.
Además, el Servel sostiene que los hechos denunciados podrían ser considerados como un ilícito tipificado en el artículo 212 del Código Penal, que establece penas de prisión en cualquiera de sus grados o multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales para aquellos que faltaren a la verdad en declaración prestada bajo juramento o promesa exigida por ley, fuera de los casos previstos en los artículos precedentes.
La denuncia del Servel se suma a las críticas que ha recibido Karla Añes en las últimas semanas, luego de que se diera a conocer que su currículum vitae presentaba inconsistencias. A pesar de estas polémicas, Añes ha mantenido su candidatura y ha reiterado que cumple con los requisitos legales para postular al Consejo Constitucional.
Por su parte, el Servel ha manifestado su compromiso con la transparencia y la probidad en los procesos electorales, señalando que presentó la denuncia contra Añes por respeto al Estado de Derecho y a la Constitución Política de la República de Chile. La denuncia ahora se encuentra en manos del Ministerio Público, que deberá investigar los hechos y determinar si corresponde o no iniciar un proceso penal en contra de la candidata.