Una nueva polémica se instaló en el debate público tras la difusión de un oficio del Ministerio de Hacienda que propone ajustes presupuestarios en distintos programas sociales, incluyendo sugerencias relacionadas con beneficios como la Pensión Garantizada Universal (PGU).
El documento, que previamente ya había generado cuestionamientos, volvió a ser objeto de críticas al evidenciar recomendaciones que podrían impactar prestaciones dirigidas a la población. Sin embargo, desde el Ejecutivo recalcaron que se trata de orientaciones técnicas y no de decisiones definitivas, diferenciándolas de los decretos, que sí establecen medidas concretas.
Ante la inquietud generada, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó categóricamente que exista una intención de recortar beneficios sociales. La autoridad aseguró que no se eliminarán ni reducirán programas como la PGU, y que el objetivo del proceso es revisar posibles inconsistencias o irregularidades en la asignación de recursos.
Pese a estas aclaraciones, el debate político se intensificó. Desde la oposición, parlamentarios manifestaron preocupación por el contenido del oficio y exigieron mayor transparencia respecto a las eventuales medidas que podrían derivarse de estas recomendaciones. En esa línea, advirtieron sobre el impacto que cualquier modificación podría tener en sectores vulnerables y en la clase media.
En contraste, desde el oficialismo llamaron a interpretar el documento con cautela, subrayando que se trata de una etapa preliminar del proceso presupuestario, donde se evalúa la eficiencia del gasto público y la pertinencia de los programas existentes.
En paralelo, surgieron cuestionamientos por ajustes en iniciativas del Ministerio de Desarrollo Social, como el programa de ajuares para recién nacidos. Desde el Gobierno explicaron que las modificaciones responden a un criterio de optimización de recursos, debido a un exceso de stock, y aseguraron que la entrega del beneficio está garantizada para todos quienes lo requieran.
La vocera de Gobierno, Mara Sedini, reforzó esta postura indicando que no habrá niños sin acceso a este apoyo y que las medidas apuntan a mejorar la eficiencia en la gestión pública.
A pesar de las explicaciones, la controversia continúa abierta, con un creciente escrutinio sobre las prioridades del gasto fiscal y el eventual impacto de los ajustes en programas clave para la ciudadanía.
