Las diputadas del Frente Amplio Emilia Schneider, Constanza Schonhaut y Gael Yeomans presentaron una propuesta ante el Ministerio de Educación con el objetivo de modificar el sistema de cobros del Crédito con Aval del Estado, buscando aliviar la carga financiera de miles de deudores.
La iniciativa propone cambios a la Ley 20.027, incorporando un nuevo criterio que prioriza la capacidad económica de las personas al momento de establecer condiciones de pago. Entre las medidas planteadas, se incluye la evaluación de ingresos y gastos, además de impedir embargos a quienes perciban menos de $1,5 millones mensuales.
Desde el bloque parlamentario, la diputada Schneider señaló que el objetivo es terminar con prácticas que calificó como abusivas, proponiendo un sistema más ajustado a la realidad económica de quienes mantienen deudas por estudios. En la misma línea, Yeomans cuestionó el enfoque del Ejecutivo en materia de recaudación, acusando que se ejerce presión sobre los deudores mientras, a su juicio, se favorece a sectores de mayores ingresos.
Por su parte, Schonhaut advirtió que las condiciones actuales fijadas por la Tesorería General de la República dificultan el acceso a mecanismos de repactación, incluso para quienes tienen la intención de cumplir con sus obligaciones. Según indicó, los requisitos exigidos terminan excluyendo a familias que no logran ajustarse a las condiciones establecidas.
La parlamentaria también destacó que una gran parte de los deudores percibe ingresos bajos, lo que —a su juicio— evidencia la necesidad de aplicar criterios diferenciados en los procesos de cobro. En ese contexto, las legisladoras insistieron en avanzar hacia una solución estructural que permita reformar o reemplazar el actual sistema de financiamiento estudiantil.
