La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes por amplia mayoría el proyecto que busca reducir la semana laboral a 40 horas, en un hito parlamentario impulsado por la entonces diputada Camila Vallejo.
La iniciativa obtuvo 127 votos a favor y enfrentó 14 pronunciamientos en contra, principalmente de diputados del Partido Republicano.
La votación se llevó a cabo en una sesión que comenzó a las 10:00 horas y representa el último escollo legislativo para que el proyecto se convierta en ley. El texto propone una rebaja inicial de 45 a 44 horas laborales a la semana durante el primer año de vigencia de la ley, seguida de una reducción a 42 horas a partir del tercer año, y finalmente alcanzando las 40 horas en el quinto año.
El proyecto, presentado inicialmente en 2017 por el Partido Comunista (PC), ha enfrentado diversas complicaciones durante su tramitación parlamentaria. Sin embargo, el respaldo ciudadano y el apoyo de los gremios empresariales han sido determinantes para su aprobación. El Presidente Gabriel Boric introdujo algunos cambios al proyecto original, como la gradualidad en la reducción de horas, lo que le dio un nuevo impulso.
“Nos parece que el proyecto ha quedado bastante bien; tiene los elementos suficientes para poder ser buen proyecto y aprobado”, señaló Frank Sauerbaum, jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), partido opositor. Sauerbaum destacó que los cambios incluyen una ayuda permanente a la pequeña empresa para ajustarse a la nueva realidad laboral, flexibilidad para que los trabajadores lleguen a acuerdos con los empleadores y un período de ajuste de cinco años para las pequeñas empresas.
De aprobarse finalmente en el último trámite, Chile se convertiría en una excepción en la región, ya que la mayoría de los países tienen una jornada laboral de 48 horas semanales. El proyecto ha generado expectativas y debates en la sociedad chilena, con opiniones divididas entre quienes lo ven como una medida positiva para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y quienes lo consideran una amenaza para la competitividad empresarial.
Con esta aprobación, el proyecto pasará a ser revisado por el Senado antes de ser promulgado como ley.
