En medio de una denuncia presentada por el diputado Juan Irarrázaval (REP) en la Contraloría General de la República, se ha revelado una serie de presuntas irregularidades en los convenios suscritos entre once municipios, incluida la Municipalidad de Quilpué, y la Fundación Daya, fundada por la diputada Ana María Gazmuri en 2013.
Las denuncias apuntan a un uso inadecuado de fondos destinados originalmente para programas relacionados con el uso compasivo del aceite de cannabis en terapias complementarias para pacientes con dolor crónico. Según Irarrázaval, estos fondos se desviaron para financiar viajes, comprar chocolates e incluso pagar el internet en la residencia de la diputada Gazmuri.
La sorprendente revelación ha llevado a los concejales de Quilpué a solicitar la creación de una comisión especial para investigar a fondo el convenio y establecer las responsabilidades administrativas pertinentes. Renzo Aranda (DC), concejal de Quilpué, admitió tener conocimiento del convenio entre el municipio y la Fundación Daya, que involucró una suma de $20.845.040, pero carece de información sobre los resultados de esta colaboración.
Las autoridades locales están decididas a arrojar luz sobre estas acusaciones y garantizar la transparencia en todas las transacciones futuras entre el municipio y organizaciones externas.