Contraloría solicita al CDE investigar filtración de informe reservado del caso de niños haitianos
La Contraloría General de la República (CGR) solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) investigar la filtración de un informe reservado relacionado con el denominado «caso niños haitianos» y evaluar la presentación de una querella para establecer eventuales responsabilidades penales.
La petición fue ingresada bajo la figura de defensa fiscal y tiene como objetivo identificar a la persona o personas que habrían divulgado el documento, el cual fue remitido previamente a distintas instituciones públicas en el marco de una investigación administrativa.
La controversia se originó luego de que se conociera un preinforme de la Contraloría que detectó irregularidades administrativas en organismos como la Policía de Investigaciones (PDI), la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio Nacional de Migraciones, situación que generó preocupación por el supuesto desconocimiento del paradero de 64 menores haitianos.
Tras la difusión de esos antecedentes, el Gobierno convocó una reunión de emergencia en La Moneda, mientras que el Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia ante la Fiscalía por un eventual caso de tráfico de menores vinculado a vuelos chárter provenientes de Haití.
Posteriormente, la PDI confirmó que todos los menores habían sido ubicados y que se encontraban en buen estado. No obstante, el informe final emitido por la Contraloría ratificó la existencia de irregularidades en los procedimientos administrativos relacionados con los permisos migratorios de los niños.
Según los antecedentes, el preinforme había sido enviado meses antes a las instituciones involucradas mediante un sistema de seguridad que incluía un anexo cifrado y una clave entregada en un sobre sellado, con el fin de resguardar la confidencialidad de la información.
La solicitud al Consejo de Defensa del Estado se produce además en medio de otras controversias vinculadas a la actuación de la Contraloría en este caso. De prosperar la acción judicial, el organismo busca que se investigue un eventual delito de revelación de secreto y se determinen las responsabilidades correspondientes por la filtración del documento reservado.
