El parlamentario Republicano criticó duramente la aplicación de preguntas inapropiadas a menores en el Colegio Municipal España de Llolleo, exigiendo responsabilidades penales.
El diputado por el distrito 7, Luis Sánchez expresó su profunda indignación y preocupación ante la reciente aplicación de una encuesta a alumnos de quinto año básico en el Colegio Municipal España de Llolleo, San Antonio. La encuesta, realizada por funcionarios del Centro de Salud Familiar (Cesfam) del sector, incluía preguntas sobre relaciones íntimas, agresiones sexuales y pensamientos suicidas, temas que el legislador consideró totalmente inapropiados para niños de 10 años.
“Es difícil imaginar cómo el Municipio, las autoridades del Colegio, así como los funcionarios del Cesfam de San Antonio, todos creyeron que esto era una conducta aceptable. Aterrorizaron a niños de quinto básico con preguntas completamente inapropiadas”, afirmó Sánchez. “Les provocaron un daño psicológico gigante y les metieron en la cabeza temas que no son para su edad.”
El diputado subrayó que el impacto de este interrogatorio ha sido devastador para los menores y sus familias, quienes han calificado el hecho como una “agresión sexual y psicológica”. Ante la gravedad de la situación, los padres presentaron una denuncia ante la Policía de Investigaciones, la cual fue remitida al Ministerio Público y luego al Juzgado de Familia de San Antonio.
En este sentido, Sánchez también enfatizó la necesidad de buscar responsabilidades penales: “Acá hubo abuso sexual, de eso no hay duda, y por eso buscaremos las responsabilidades penales que correspondan, tanto de quienes hicieron estas charlas como de quienes han intentado encubrir los hechos e identidad de los responsables desde entonces”.
La encuesta, identificada posteriormente como parte del programa Encuesta Clap del Ministerio de Salud, ha generado una gran polémica y ha puesto en cuestión los procedimientos y la ética en la implementación de programas de salud en establecimientos educativos.
El legislador concluyó que, “No podemos permitir que este tipo de acciones queden impunes. Se debe proteger la integridad y el bienestar psicológico de nuestros niños. Esto no puede volver a suceder”.