El Senado votará este lunes el proyecto “Escuelas Protegidas”, iniciativa impulsada por el Gobierno de Chile que busca reforzar la seguridad en establecimientos educacionales ante el aumento de episodios de violencia escolar registrados en el país.
La propuesta ya fue aprobada en general por la Cámara de Diputadas y Diputados con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, avanzando ahora a una nueva etapa de discusión legislativa marcada por el debate en torno a algunas de sus medidas más controvertidas.
Uno de los puntos que ha generado mayor discusión es la posibilidad de revisar mochilas y bolsillos de estudiantes para prevenir el ingreso de armas u otros elementos peligrosos a los recintos educacionales.
Según lo establecido por la Comisión de Educación, la normativa permitiría que dos integrantes de la comunidad escolar —entre ellos al menos un representante de Convivencia Escolar— soliciten a los alumnos vaciar sus mochilas en procedimientos preventivos realizados al interior de los establecimientos.
La iniciativa diferencia además entre revisiones masivas y particulares. Las primeras podrían efectuarse en salas o espacios comunes del colegio, mientras que las revisiones individuales se aplicarían únicamente cuando existan sospechas fundadas de un eventual ataque o situación de riesgo.
En caso de negativa del estudiante a colaborar con el procedimiento, el protocolo contempla contactar al apoderado y, si este no concurre al establecimiento, recurrir a la intervención de Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
El proyecto también incorpora regulaciones sobre el uso de ropa, gorros y capuchas dentro de los establecimientos educacionales. No obstante, durante la tramitación se añadieron excepciones para estudiantes con condición TEA, personas neurodivergentes, pacientes oncológicos y casos vinculados a motivos religiosos o identidad de género.
Asimismo, la iniciativa contempla sanciones para hechos de violencia que provoquen interrupciones de clases, aunque excluye situaciones derivadas de crisis emocionales, condiciones de salud, discapacidad o trastornos del neurodesarrollo.
Otra de las medidas aprobadas establece restricciones temporales al acceso a gratuidad en la educación superior para personas condenadas por delitos cometidos contra integrantes de comunidades educativas o recintos escolares. La limitación no afectará a menores de edad y podrá extenderse hasta por cinco años en el caso de adultos.
El proyecto “Escuelas Protegidas” se ha transformado en uno de los principales debates legislativos en materia educacional y de seguridad escolar durante las últimas semanas, dividiendo opiniones entre quienes respaldan medidas más estrictas y quienes advierten posibles vulneraciones a derechos de los estudiantes.
