Graves falencias presenta el conjunto habitacional Valle del Sol que no fueron pesquisadas por la Dirección de Obras de la Municipalidad, incumpliendo el mandato legal establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Diversos desperfectos y fallas presentan los inmuebles de un grupo de vecinos que adquirieron viviendas en el sector de Valle del Sol, comuna de Quilpué, entre las que destacan: constantes roturas de cañerías y filtraciones de agua, fisuras en pisos y muros, inexistencia de materiales aislantes en las casas, carencia de sistemas colectores de aguas lluvia, falta de una segunda vía de acceso y salida, entre otros.
Ante los hechos, los mismos dueños de las casas han debido subsanar las imperfecciones con recursos propios. “La primera filtración la sufrimos en enero del 2020”, señala Sergio Nuñez, uno de los vecinos afectados, quién agrega que “nos llegó una cuenta bastante abundante de agua y no sabíamos por qué, pero un vecino me informó que él tenía el patio con la tierra húmeda y ahí nos dimos cuenta que la filtración era por debajo”.
Nuñez asegura que “desde esa fecha yo llevo 14 filtraciones en la casa, pero hay vecinos que han tenido una cantidad superior o más. Hicimos los reclamos correspondientes a la inmobiliaria, quienes respondieron con soluciones parche dentro del plazo de la garantía legal, pero pasados 5 años, sonamos, después de ese tiempo hemos tenido una gran cantidad de filtraciones”.
Alejandro Magna, otro de los vecinos afectados agrega que “hemos incurrido en gastos grandes producto de los daños en el mobiliario y las fallas en los materiales. Descubrimos que las cañerías eran de un solo tipo y no podíamos distinguir si era para agua caliente o fría. Todas las roturas han ocurrido en las uniones o los codos”.
Ante los hechos, un grupo de vecinos decidió organizarse y tomar acciones legales en contra del municipio por faltar a su deber de fiscalización de las obras que se erigen en la comuna.
Magna asegura que “por parte de la Dirección de Obras hay una serie de falencias e irregularidades en las viviendas que se dejaron pasar. Solicitamos la información de los proyectos por medio de una acción judicial, pero el municipio tardó más de un año en remitir los datos que, así todo, están incompletos. Sumado a ello, como demandantes hemos tratado de comunicarnos con la alcaldesa para exponer la situación e intentar buscar soluciones, pero ella se negó a recibirnos formalmente”.
El vecino pide “que seamos escuchados, que nos reciba la autoridad y que busquemos alternativas que nos permitan, de una vez por todas, vivir de manera digna en las casas que con tanto esfuerzo adquirimos”.
Llama la atención que el análisis documental de los archivos en poder de la Municipalidad ha permitido comprobar, entre otros, que las empresas certificadoras de los distintos sistemas operativos en las viviendas son propiedad de los mismos dueños de las inmobiliarias involucradas, vulnerando la imparcialidad necesaria en cualquier proceso de certificación, coyuntura que la Dirección de Obras Municipales de Quilpué soslayó de modo inexplicable para los demandantes.
Consuelo Ramirez, del Estudio Jurídico Acura Abogados y que representa a 26 familias afectadas, menciona que “la Ley de Construcciones, la Ordenanza y la Ley Orgánica de Municipalidades impone el deber a todos los municipios, y en específico de sus Direcciones de Obras, de fiscalizar y supervigilar todo el proceso de construcción de una obra, en este caso, de una vivienda. La normas son claras al señalar que el deber de fiscalización abarca desde la presentación del proyecto inicial, con el cumplimiento de la normativa técnica, pasando por la ejecución de la obra propiamente tal, hasta la recepción de la obra final. Empero, este imperativo legal ha sido incumplido por la Municipalidad de Quilpué y contamos con pruebas contundentes que respaldan esta afirmación”.
Ramirez agrega que “se hizo un análisis y se encontraron varias irregularidades y desperfectos que no se condicen con las especificaciones que las inmobiliarias presentaron al municipio ni con el escaso tiempo que las propiedades llevan erigidas, coyuntura que deja entrever un actuar negligente de la Dirección de Obras al respecto.”
La abogada señala que “nos llama la atención como estudio jurídico, entre otros, que interpusimos una medida prejudicial de exhibición de documentos, que la municipalidad de Quilpué no cumplió, cuestión que finalmente nos forzó a interponer una demanda haciendo hincapié en aquel incumplimiento y recién ahí, con la demanda civil en tramitación, el ente estatal se allanó a acompañar la documentación relativa a las obras”.
Ramirez precisa que “Es destacable el hecho que las inmobiliarias responsables de estos proyectos (Inmobiliaria Las Rosas I, Inmobiliaria Las Rosas II e Inmobiliaria Las Rosas III) pertenecen a un conglomerado cuyas socias principales son la Sociedad Inversiones y Asesorías Alfil Limitada y la Sociedad Inmobiliaria Renacimiento Limitada y se constituyeron única y exclusivamente para efectos de ejecutar obras, vender y responder, cada una, de la etapa del proyecto a la que acceden, con capitales sumamente bajos. En concreto, las tres sociedades en comento tienen capitales nominales por sumas de $2.000.000.- (dos millones de pesos), circunstancia que, en la práctica, permite afirmar que el cuadro se armó para volver imposible el ejercicio de derechos derivados de la responsabilidad contractual. Por otro lado, los mismos dueños de estas empresas también lo son de aquellas que intervinieron certificando la existencia y calidad de los sistemas instalados en las propiedades”.
Es por ello que las familias han demandado a la Municipalidad de Quilpué, como responsable de la fiscalización de las obras que se erigen en la comuna y ante la pasmosa inobservancia de las irregularidades comentadas, por un monto total de $2.195.100.000 (Dos mil ciento noventa y cinco millones cien mil pesos).