Funcionarios del Congreso acusan “cacería de brujas” en investigación por uso de licencias médicas
La Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios de Chile expresó su fuerte rechazo a la manera en que se está desarrollando una investigación interna sobre el presunto uso irregular de licencias médicas en el Congreso Nacional.
A través de una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), los trabajadores manifestaron su preocupación por lo que calificaron como un proceso carente de garantías institucionales, y acusaron que esta indagación —originada a partir de un informe de la Contraloría General de la República— estaría siendo utilizada con fines mediáticos y políticos.
“Queremos manifestar nuestra profunda preocupación frente a los anuncios difundidos por la prensa nacional”, señala el documento, en el que cuestionan el cruce de información con la Policía de Investigaciones (PDI) sin una orden judicial ni una instancia formal de consulta con los sindicatos.
La Asociación advierte que este tipo de procedimientos sobrepasa las atribuciones legales de la Cámara y pone en riesgo derechos fundamentales de los trabajadores. “La PDI no está subordinada a esta Corporación ni tiene obligación de entregar información sensible sin habilitación normativa que lo respalde”, advirtieron.
Además, denunciaron que esta fiscalización podría convertirse en una “cacería de brujas” disfrazada de una medida por la transparencia. “Si se desea avanzar hacia un sistema robusto de fiscalización, es indispensable hacerlo dentro de un marco normativo claro, sin recurrir a mecanismos de presión ni exposiciones públicas”, añadieron.
En la parte final de la misiva, los trabajadores pidieron al diputado Castro encauzar el proceso “con pleno respeto a la legalidad, los derechos laborales y el correcto funcionamiento de la institucionalidad parlamentaria”.
Respuesta del presidente de la Cámara
El diputado José Miguel Castro respondió más tarde a las críticas, asegurando que el tema será abordado “con la máxima seriedad”.
“Aplicaremos las máximas acciones a aquellas personas que se han desviado de lo lógico de un funcionario público, que es cumplir su labor dentro del marco de la ley y manteniendo un régimen de probidad”, afirmó el parlamentario.
