Boric promulga nueva Ley Antiterrorista: “Chile no cederá ante la delincuencia”
El presidente Gabriel Boric promulgó este martes en La Moneda la nueva Ley Antiterrorista, destacando que el país no dará espacio a la delincuencia y reforzando el compromiso del Gobierno en la lucha contra el crimen organizado.
Acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la ministra de Defensa, Maya Fernández, el mandatario enfatizó que esta reforma moderniza las instituciones del Estado y responde a un acuerdo político transversal.
“El terrorismo es inaceptable en Chile. La seguridad de la ciudadanía es nuestra prioridad y no permitiremos que el miedo se instale en nuestra sociedad”, declaró Boric, subrayando que la nueva legislación fortalece a las policías, mejora la infraestructura penitenciaria y refuerza el control fronterizo.
Principales cambios en la legislación
La nueva Ley Antiterrorista, que sustituye la normativa vigente desde 1984, se adecua a estándares internacionales y toma como referencia modelos de países como España, Alemania y Estados Unidos.
Entre sus principales disposiciones, la ley otorga al futuro Ministerio de Seguridad Pública la facultad de querellarse por delitos de terrorismo, además de diseñar una Estrategia Nacional de Prevención y Combate que incluirá medidas de reparación para las víctimas.
Asimismo, la normativa permite que, en casos de alta complejidad o alarma pública, los fiscales puedan solicitar el traslado de la causa a un Tribunal de Santiago, con la aprobación de la Corte Suprema, para garantizar un mejor tratamiento judicial.
Llamado a la unidad política
Boric hizo un llamado a la clase política a trabajar en conjunto en materia de seguridad, advirtiendo que las divisiones solo favorecen al narcotráfico y al crimen organizado.
“Sabemos que estas amenazas buscan socavar nuestras instituciones. No podemos permitirlo. La seguridad es una causa común que debe unirnos más allá de cualquier diferencia política”, expresó el mandatario.
Con la promulgación de esta ley, el Ejecutivo busca fortalecer la respuesta del Estado frente a actos de terrorismo, garantizando herramientas más eficaces para su prevención, persecución y sanción en el país.