La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a Gendarmería de Chile permitir que un interno condenado por delitos sexuales pueda acceder a estudios universitarios online desde la cárcel, tras considerar que su derecho a la educación no puede ser vulnerado pese a encontrarse privado de libertad.
Se trata de Marcelo Moya, condenado a 12 años de presidio por almacenamiento y producción de pornografía infantil, además de abuso sexual, quien actualmente cumple condena hasta octubre de 2029.
El caso tomó relevancia luego de que el interno obtuviera puntaje nacional en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), resultado que lo motivó a solicitar autorización para estudiar Ingeniería de manera remota desde el recinto penitenciario.
Sin embargo, la petición fue rechazada inicialmente por Gendarmería, institución que argumentó que el penal no contaba con computadores disponibles, acceso controlado a internet ni espacios habilitados para estudios online.
Además, el organismo sostuvo que los equipos existentes estaban destinados exclusivamente a labores institucionales y talleres internos, indicando que la medida respondía a criterios aplicados a toda la población penal.
Ante esta negativa, la defensa de Moya recurrió a tribunales, señalando que el acceso a la educación forma parte de los procesos de reinserción social establecidos en la normativa penitenciaria.
El abogado defensor, Ricardo Bravo Cornejo, sostuvo que la solicitud contemplaba medidas acotadas y fiscalizables, con acceso restringido y supervisado, descartando que se tratara de una autorización libre para navegar por internet.
Tras revisar los antecedentes, la Corte de Apelaciones concluyó que el derecho a la educación del condenado permanece vigente y que las dificultades técnicas planteadas por Gendarmería podían ser resueltas.
En el fallo, el tribunal determinó que el organismo deberá realizar las gestiones necesarias para habilitar un espacio físico y acceso restringido a internet que permita al interno cursar estudios superiores a distancia.
La defensa valoró la resolución, argumentando que impedir el acceso a la educación desincentiva los procesos de reinserción y limita las oportunidades de preparación para la vida posterior al cumplimiento de la condena.
La historia judicial de Marcelo Moya se remonta a 2014, cuando una alerta emitida por Interpol desde Alemania advirtió sobre descargas de pornografía infantil asociadas a una dirección IP vinculada al imputado.
Posteriormente, diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones de Chile permitieron reunir antecedentes que derivaron en su condena por delitos sexuales y pornografía infantil.
Desde su ingreso al sistema penitenciario en 2015, documentos de Gendarmería indican que el interno ha mantenido buena conducta, contexto en el que decidió retomar sus estudios y postular a la educación superior.
