La muerte de un niño de 12 años durante una violenta encerrona en San Bernardo volvió a instalar en el centro del debate la participación de adolescentes en delitos de alta connotación pública y la necesidad de revisar la legislación vigente sobre responsabilidad penal juvenil.
El caso, que conmocionó al país, dio un giro esta semana luego de que la Fiscalía Metropolitana Occidente lograra detener y formalizar a los presuntos integrantes de la banda involucrada, entre ellos dos adolescentes de 17 años. Los imputados fueron formalizados por delitos como robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación, quedando sujetos a las medidas cautelares determinadas por el tribunal.
El impacto del crimen reactivó además la discusión que actualmente se desarrolla en el Congreso sobre eventuales modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en un contexto marcado por el aumento de la participación de menores de edad en delitos violentos, según han advertido autoridades policiales y judiciales.
Para Marcelo Estrella, director del Observatorio Social de la Universidad del Alba, el caso obliga a abrir una discusión profunda, pero evitando que la conmoción termine condicionando las políticas públicas.
«Cuando ocurren hechos de esta gravedad es comprensible que exista una fuerte demanda ciudadana por respuestas inmediatas. Sin embargo, las reformas legales deben construirse sobre evidencia y no únicamente desde la conmoción que provoca un caso particularmente dramático.»
El académico sostiene que el debate no puede limitarse exclusivamente al aumento de las sanciones.
«La responsabilidad penal adolescente debe analizarse considerando dos dimensiones que son igualmente relevantes: garantizar una respuesta efectiva frente a delitos graves y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de prevención, intervención temprana y reinserción para evitar que los jóvenes ingresen o permanezcan en trayectorias delictuales.»
Estrella agrega que la creciente presencia de adolescentes en delitos violentos representa un desafío para todo el sistema de seguridad y protección social.
«Cuando un menor se integra a una banda criminal no estamos frente a un problema exclusivamente policial. También refleja fallas en los sistemas de prevención, educación, protección de la infancia y apoyo familiar. Si esas dimensiones no se fortalecen, cualquier modificación legal tendrá un alcance limitado.»
Finalmente, el director del Observatorio Social plantea que el desafío para el Congreso será alcanzar un equilibrio entre justicia, seguridad y protección de derechos.
«La ciudadanía exige sanciones proporcionales frente a delitos de extrema gravedad, pero también políticas capaces de reducir la reincidencia. El objetivo no debe ser solo castigar mejor, sino evitar que nuevos adolescentes sean captados por organizaciones criminales y que tragedias como esta vuelvan a repetirse.»
