A un año de la tragedia, vecinos afectados revelan graves carencias en apoyo psicológico y riesgo suicida en la comunidad.
A casi un año del devastador megaincendio que afectó al Gran Valparaíso, cientos de damnificados enfrentan una situación crítica en materia de salud mental. Según denuncian, la respuesta institucional ha sido insuficiente, dejando a muchas familias en un estado de vulnerabilidad psicológica severa, con un alarmante porcentaje de personas en riesgo suicida.
El abogado Felipe Olea, quien representa a más de 55 familias afectadas, afirmó que han elevado una solicitud formal a la Seremi de Salud de Valparaíso para implementar un plan urgente de apoyo en salud mental. “Hemos decidido levantar la voz de alarma para que se diseñe un programa concreto de protección y reparación. Hasta ahora, las respuestas han sido insatisfactorias”, indicó Olea.
En una reunión con el jefe de Salud Pública de la región, se discutió la posibilidad de crear una mesa de trabajo para gestionar estas ayudas. Sin embargo, los afectados critican la falta de compromisos concretos. “El director de Salud Pública no quiso asumir responsabilidades claras, dejando a miles de damnificados en el abandono”, denunció el concejal Andrés Solar.
Un informe presentado por la oficina de Olea reveló que un 33% de los representados presenta ideación suicida. “Es una vergüenza que, a pesar de estas cifras, no exista un programa de reparación efectivo. Miles de personas siguen sufriendo estrés postraumático sin atención adecuada”, enfatizó el jurista.
Testimonios de los afectados
Kimberly Ogas, vecina de Villa Alemana, relató su experiencia tras el incendio, que dejó a su familia con quemaduras graves. “El apoyo psicológico que recibimos fue insuficiente. Aunque sumaron profesionales al consultorio en su momento, no daban abasto. Actualmente, solo contamos con tratamiento farmacológico, pero no con terapia psicológica”, señaló.
Ogas agregó que la salud mental en Chile sigue siendo un problema estructural. “Necesitamos ayuda real, pero no contamos con la infraestructura ni el personal necesario para atendernos. No se están tomando en serio nuestra situación”, reflexionó.
La respuesta institucional
Desde el Programa de Apoyo a Víctimas (PAV), se desplegaron equipos en las zonas afectadas tras la catástrofe, pero los damnificados aseguran que los esfuerzos han sido insuficientes. La comunidad sigue exigiendo medidas concretas que incluyan más especialistas y recursos en salud mental para enfrentar las secuelas de esta tragedia.
Una crisis que exige respuestas
El megaincendio de febrero no solo dejó devastación material, sino también una profunda herida emocional en las comunidades afectadas. A medida que se aproxima el primer aniversario de la tragedia, los damnificados claman por una respuesta eficaz que alivie el impacto psicológico que aún persiste en sus vidas.