Exsubsecretario de Previsión Social presenta demanda por tutela laboral contra el Ministerio del Trabajo
Christian Larraín, exsubsecretario de Previsión Social, ha interpuesto una demanda por tutela laboral contra el Ministerio del Trabajo, alegando haber recibido un trato “innecesario y desproporcionado” durante su salida del cargo. Además, Larraín exige una indemnización de 580 millones de pesos por “daño moral”.
La acción judicial se ha presentado dos meses después de que Larraín dejara su puesto debido a denuncias de acoso sexual y laboral, así como presuntos hostigamientos a funcionarias de la Subsecretaría.
El abogado Jorge Bofill ha llevado la demanda al Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, fundamentando que se vulneraron las garantías constitucionales de respeto y protección a la honra de la persona y su familia, además de errores de procedimiento por parte del Ministerio del Trabajo.
En la demanda se argumenta que la actuación del Estado Empleador fue innecesaria, desproporcionada y careció de razonabilidad en el proceso de salida de Larraín del cargo.
Entre las compensaciones solicitadas, Larraín busca una indemnización de 80 millones de pesos por la violación del derecho al honor, equivalente a 11 remuneraciones mensuales, así como otros 500 millones de pesos por el daño moral ocasionado a su reputación profesional y personal.
El exsubsecretario destaca que la causa de su renuncia se validó públicamente sin una investigación previa, sin comprobación de los hechos y sin respetar el principio de inocencia, lo que generó un estigma en su imagen de la noche a la mañana.
En su relato, Larraín expone que fue convocado a una reunión con la ministra Jeannette Jara, quien le informó sobre la denuncia en su contra y le ordenó su renuncia para “evitar un escándalo”. Aunque no se reveló la identidad del denunciante, se le notificó que la acusación se refería a “uso de lenguaje de connotación sexual en público”.
La demanda critica que nunca se llevó a cabo un sumario previo para comprobar o descartar la veracidad de las denuncias, ni se realizó una investigación formal o se solicitó una declaración al respecto. También se destaca que no se aplicaron normativas vigentes ni se siguieron los protocolos y medidas de protección garantizadas por la Constitución.
Casi dos meses después de su renuncia, el 28 de julio, Larraín recibió un correo electrónico citándolo a declarar en el marco del sumario administrativo instruido por la ministra Jara, que se llevará a cabo el 3 de agosto ante el subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano Molina, quien actuará como fiscal, y la actuaria Marcela Ruiz Calderón.
La demanda también exige que el Ministerio del Trabajo se excuse mediante una comunicación formal y pública a través de los medios de prensa nacionales, así como en la página web de la cartera.